En una entrevista exclusiva con Ojo Público, Víctor Cubas Villanueva, vocero del Ministerio Público, compartió su preocupante análisis sobre la actual situación judicial en el Perú. El reconocido abogado especialista en Derecho Penal reveló los riesgos que representan las recientes reformas legislativas para la administración de justicia.
El jurista señaló que el país atraviesa el momento más crítico en su historia democrática, superando incluso los complejos años de la década de 1990. Las múltiples iniciativas parlamentarias buscarían, según Cubas, limitar las atribuciones de jueces y fiscales en investigaciones de delitos graves.
Entre las propuestas más controversiales, se encuentran modificaciones al Código Procesal Penal que impedirían realizar allanamientos sin notificación previa y exigirían la presencia del abogado defensor durante estas diligencias. Tales medidas, advierte el especialista, obstaculizarían completamente las investigaciones contra el crimen organizado.
Una de las iniciativas más peligrosas, según el experto, es la derogación de la detención preliminar en casos de no flagrancia, lo que imposibilitaría investigar organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, terrorismo, minería ilegal y otros delitos.
Reformas que desestabilizan la justicia
Cubas denunció que estas modificaciones legislativas representan un intento de control total del sistema de administración de justicia. Las reformas afectarían no solo al Poder Judicial y Ministerio Público, sino también a la Junta Nacional de Justicia y otros organismos estatales.
El fiscal supremo manifestó su preocupación por la elección cuestionada de autoridades en instituciones clave como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia. Estas designaciones, según su criterio, buscarían desestabilizar la autonomía de los poderes del Estado.
La propuesta de extinción de dominio también fue analizada por Cubas, quien advirtió que debilitaría significativamente la lucha contra el crimen organizado. La eliminación de esta herramienta jurídica impediría al Estado recuperar bienes de procedencia ilegal e interrumpiría la asignación de recursos a instituciones estatales.
El especialista exhortó al Poder Ejecutivo a no aprobar leyes que obstaculicen las investigaciones criminales. Demandó además que se consulte a los órganos de justicia antes de implementar cualquier reforma legislativa.
Demanda de recursos y consenso
Víctor Cubas enfatizó la necesidad de dotar de recursos presupuestales al sistema judicial para combatir efectivamente la delincuencia. Señaló las carencias del Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional en términos de infraestructura y medios logísticos.
El entrevistado consideró que estas reformas se producen en un contexto de profunda crisis institucional, con bajos niveles de legitimidad tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo. Además, criticó que se pretenda modificar sistemas judiciales estando próximos al cambio de gobierno en 2026.
La entrevista reveló un panorama preocupante donde los poderes del Estado carecen de consenso y parecen estar más enfocados en confrontarse mutuamente que en atender las demandas de seguridad ciudadana. Cubas destacó la existencia de movilizaciones públicas pidiendo la derogatoria de algunas de estas normas.
Finalmente, el fiscal supremo advirtió que estas iniciativas representan un grave resquebrajamiento de la división de poderes, principio fundamental de cualquier sistema democrático. Su análisis constituye una seria advertencia sobre los riesgos que enfrentaría el sistema de justicia peruano.
Puntos Claves:
- El fiscal revela que las actuales reformas legislativas son más peligrosas que las de la década de 1990, específicamente por su intención de sancionar a operadores judiciales, como criminalizar a fiscales que soliciten prisión preventiva y luego sea revocada.
- Cubas señala un dato crítico sobre la Junta Nacional de Justicia: además de afectar el sistema judicial, esta institución tiene la capacidad de nombrar a dos funcionarios electorales clave (jefe del RENIEC y de la ONPE), lo que amplía el potencial de control político.
- El especialista destaca que la colaboración eficaz, lejos de ser una “fábrica de testigos” como argumentan algunos legisladores, es un proceso complejo donde solo pueden participar quienes han sido parte de organizaciones criminales y deciden arrepentirse y colaborar con la justicia.
