El regidor de la Municipalidad Provincial de San Román, Ovidio Edgar Tumi Miranda afronta un pedido de suspensión y vacancia impulsado por el dirigente Antero Pimentel, tras ser acusado de solicitar medio millón de soles. No obstante, el regidor, Salvador Valdivia Cárdenas advirtió que la solicitud sería improcedente.
Tras un análisis preliminar, pues las causales expuestas no cumplirían los requisitos técnicos exigidos por la Ley Orgánica de Municipalidades. Valdivia Cárdenas explicó que el artículo 25 de la Ley N° 27972 establece causales específicas de suspensión, como la detención policial efectiva, situación que actualmente no se configura contra el cuestionado edil.
«Existen capturas de pantalla de cheques y denuncias periodísticas, pero quien debe ejercer esa labor es la Fiscalía», manifestó el regidor al referirse a las evidencias difundidas sobre la presunta coima a constructoras municipales. Pero no cumple los requisitos que exige la ley para suspenderlo o vacarlo.
El pleno del concejo municipal debatirá y votará este pedido de vacancia en sesión extraordinaria programada entre el 30 y 31 de diciembre de 2025, cumpliendo estrictamente los plazos del reglamento interno correspondiente.
Asimismo, el secretario general del consejo debe realizar la consultoría legal respectiva antes de la sesión extraordinaria, proceso que garantizará el cumplimiento de los procedimientos establecidos para evitar nulidades en el acto administrativo municipal.
Durante la sesión extraordinaria, tanto Tumi Miranda como Antero Pimentel tendrán derecho al uso de la palabra para presentar sus descargos y argumentos respectivos ante el pleno del concejo, conforme a los principios del debido proceso.
Entretanto, el alcalde presidente ya remitió documentación al procurador municipal para iniciar acciones legales según su competencia, buscando esclarecer los hechos denunciados contra el funcionario acusado de actos de corrupción.
Valdivia anticipó que la normativa vigente protegería a Tumi Miranda de cualquier sanción inmediata, mientras la Fiscalía determina responsabilidades penales derivadas de esta grave denuncia que involucra proyectos ejecutados por San Román.
