Un informe reciente, confirmó que nueve regidores de la Municipalidad Provincial de Carabaya recibieron pagos en exceso por más de 75 mil soles entre 2024 y 2025. Los funcionarios modificaron ilegalmente el monto de sus dietas en marzo de 2023, aunque ya lo habían aprobado en enero del mismo año, violando la ley y generando un perjuicio económico al Estado.
El informe de la Contraloría señala que, en enero de 2023, el Concejo Municipal fijó las dietas en 1,755 soles mensuales por dos sesiones. Sin embargo, dos meses después, en una sesión extraordinaria, aumentaron el monto a 2,250 soles, lo que representa un incremento de 495 soles por regidor cada mes. Este ajuste no estaba permitido, ya que la ley prohíbe reajustar las dietas una vez aprobadas.
Los regidores involucrados son Tito Quispe Oblitas, Ernesto Fabián Flores Coa, Martha Calsina Flores, Gregorio Álvaro Arapa, Alicia Ramos Mamani, Gladys Salomé Loayza Hilari, Amelia Ccama Medina, Redy Richard Turpo Turpo y Lorgio Vitaliano Quispe Aragón. Cada uno recibió 8,415 soles de más entre mayo de 2024 y setiembre de 2025, según los comprobantes de pago revisados por la Contraloría.
La Ley de Presupuesto del Sector Público y el Decreto Supremo 413-2019-EF establecen que no se pueden incrementar las dietas de los regidores una vez fijadas. Además, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades obliga a que estos montos se aprueben solo en el primer trimestre del primer año de gestión. Los regidores ignoraron estas normas y aprobaron el aumento fuera de plazo.
Los documentos oficiales muestran que, desde mayo de 2024, los pagos se realizaron con el monto ilegal. En 2024, el exceso superó los 35 mil soles, y en lo que va de 2025, ya suma más de 40 mil soles.
El jefe del Órgano de Control Institucional, Óscar René Chura Calla, recomendó al alcalde Edmundo Alejandrino Cáceres Guerra que tome acciones inmediatas para corregir esta irregularidad. También solicitó un plan de acción en 20 días para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Este caso afecta directamente a los ciudadanos de Carabaya, ya que los recursos públicos deberían usarse en obras y servicios, no en pagos indebidos. La Contraloría supervisará el cumplimiento de sus recomendaciones y, de no haber respuesta, podría iniciar acciones legales contra los responsables.
