A pesar de que la estrategia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) solo ha logrado formalizar al 2.4% de los mineros inscritos, el Congreso de la República, a través del proyecto de ley N° 9259/2024-CR impulsado por el congresista José Luna, busca ampliar nuevamente su vigencia hasta el 2026.
Bajo la actual vigencia del REINFO, en Puno se ha permitido que muchos mineros ilegales operen al margen de la ley, pasando como informales sin lograr reunir los requisitos para formalizarse. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, solo el 2.4% de los 87,111 mineros informales registrados en el REINFO desde su creación en 2016 han logrado completar el proceso.
Esto deja a un 79% de mineros con inscripción suspendida y cerca del 18.6% aún en proceso, lo cual permite que muchos continúen extrayendo y comercializando minerales sin supervisión ni cumplimiento de requisitos ambientales y fiscales.
Para el departamento de Puno, esta posible ampliación implica no solo la continuidad de la minería informal, sino también el riesgo de incremento en actividades ilegales asociadas, como la deforestación, la contaminación del agua, la prostitución, la trata de personas, el lavado de activos y la explotación laboral de menores.
El debate sobre la ampliación del REINFO divide opiniones: mientras algunos legisladores buscan una prórroga que permitiría a miles de mineros mantenerse activos, otros sectores alertan sobre el uso del REINFO como una herramienta de impunidad que facilita el crimen organizado en diversas regiones del país.
A medida que se acerca la fecha límite del 31 de diciembre, en Puno persiste la preocupación sobre las implicaciones sociales y ambientales de permitir que la minería ilegal continúe expandiéndose sin una regulación adecuada y enmascarada como minería informal bajo el aval del REINFO.
