El Ejecutivo promulgó la ley que extiende el proceso de formalización minera integral hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley MAPE, incorporando medidas restrictivas como geolocalización obligatoria en 120 días y participación de Sunafil.
El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, señaló que las disposiciones pueden contribuir a mejor fiscalización, sin embargo, advirtió que los plazos para ejecutar el censo serían extensos, pues se otorgan 6 meses para iniciarlo y un año para completarlo.
Herrera Descalzi indicó: «Es válido tener información actualizada, pero estamos hablando de junio del 2027, cuando el Reinfo ya no existiría en teoría».
Nuevas obligaciones restrictivas
Los más de 31,000 inscritos en el Reinfo deberán reportar ubicación real de sus operaciones con coordenadas georreferenciadas que el Ministerio validará técnicamente, esto representa procesar 250 solicitudes diarias durante 4 meses establecidos.
La incorporación de Sunafil busca verificar que titulares del Reinfo incorporen trabajadores en planilla, crucen información con Sunat sobre ingresos y examinen condiciones laborales, según el exministro, el Estado nunca ha querido incomodarlos durante estos años de informalidad imperante.
Los gobiernos regionales transferirán al Ministerio todo el acervo documentario físico y digital en 60 días calendario, aunque el exministro anticipó que la información es deficiente, añadiendo complejidad al trabajo de validación.
Capacidad institucional en duda
El exministro cuestionó si el Ministerio tiene capacidad técnica para cumplir objetivos, señalando que «es un Minem para dar sueldos a amigos del gobierno», hay mucha migración de personal y se privilegian cargos políticos sobre capacidad profesional.
El exfuncionario sostuvo: «Una tarea con organización bien hecha sí lo puede ejecutar, pero no estoy seguro que el Minem de hoy sea el de antes».
La norma establece que lo que ocurra primero, el 31 de diciembre del 2026 o la Ley MAPE, determinará el fin del proceso, el Estado debería invertir la carga obligando a administrados acudir ante autoridades en lugar de fiscalizar individualmente.
