La reorganización de Petroperú aprobada mediante decreto de urgencia se asemeja más a una concesión que a una privatización, consideró el presidente de la Confiep, Jorge Zapata Ríos, quien explicó que Estado mantiene propiedad de activos mientras operadores privados gestionarán bloques patrimoniales mediante asociaciones público-privadas para mejorar eficiencia.
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas presentó estados financieros mostrando que el pasivo corriente de Petroperú al 30 de septiembre duplica el activo corriente, evidenciando incapacidad para cubrir obligaciones de corto plazo con recursos disponibles en caja.
«Desde la Confiep, desde el sector privado, hace mucho tiempo veníamos reclamando que tenía que ponérsele un coto y dársele una solución al problema de Petroperú, porque se le inyectaba plata y seguía en situación de pérdida», declaró Zapata Ríos.
Decreto establece gestión privada sin venta de activos
El artículo 4 del decreto de urgencia en su numeral 4.3 punto C abre posibilidad para que Proinversión busque operadores privados que se encarguen eficientemente de operación y mantenimiento de bloques patrimoniales sin implicar venta de activos estatales.
La norma establece que Petroperú conserva la propiedad de bloques patrimoniales mientras recursos generados se destinarán prioritariamente al pago de pasivos críticos y obligaciones laborales financieras, diferenciándose de privatización donde Estado se desprende totalmente del activo mediante venta.
Zapata Ríos advirtió sobre propuestas populistas en campaña electoral incluyendo prórroga de Reinfo y postergación de ley Mape, señalando que empresarios deben involucrarse más en proceso electoral para evitar que economías ilegales financien candidaturas con recursos ingentes durante elecciones de abril 2026.
