El alcalde del distrito de Acora, Hernán Crisisto Aycaya, denunció que ningún congresista de Puno integra la Comisión Agraria del Congreso para impulsar la represa San Fernando, proyecto valorizado en más de 200 millones de soles que beneficiaría a 15,000 familias con riego tecnificado en 14,000 hectáreas, pese a que la región vive principalmente de la agricultura y ganadería.
Crisis Aycaya detalló que los estudios de preinversión desarrollados por el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca registran un avance del 80 por ciento, con reuniones recientes en Aguas Calientes donde los afectados solicitaron mayor información sobre los alcances del proyecto, estimando que los estudios concluyan a finales de este año para iniciar el expediente técnico definitivo en 2026.
«Puno, siendo eminentemente agropecuario, siendo eminentemente agricultor, es importante para nosotros; hemos nos hemos acercado al presidente de la Comisión Agraria que son de otras regiones«, declaró el burgomaestre al cuestionar la ausencia de representación puneña en la comisión parlamentaria estratégica para el sector productivo regional.
Congresistas priorizan otras comisiones
La autoridad edil señaló que resulta irónico que los legisladores de Puno integren principalmente comisiones vinculadas a creación de universidades y educación, descuidando el sector agropecuario del cual viven la mayoría de ciudadanos regionales; en 2023 realizó gestiones con algunos congresistas pero el respaldo político sigue siendo insuficiente para acelerar el proyecto.
El proyecto de riego tecnificado impulsaría la producción de lácteos, papa y quinua en la región, generando beneficios económicos directos a las familias campesinas; Crisisto Aycaya propuso además crear una zona económica especial que permita exportar productos puneños a mercados internacionales, aprovechando la capacidad productiva que desarrollaría la infraestructura hidráulica moderna.
El alcalde exhortó a los congresistas, incluido Carlos Javier Zeballos Madariaga quien postula a la vicepresidencia, a priorizar proyectos productivos sobre iniciativas legislativas que no impactan directamente en la economía familiar campesina, advirtiendo que el momento crítico para gestionar respaldo político es ahora, antes que concluyan los estudios definitivos y se requiera la asignación presupuestal para la ejecución.
