Delia Espinoza perdió oficialmente el resguardo policial tras su suspensión como fiscal de la Nación, mientras Patricia Benavides mantuvo protección similar pese a enfrentar investigaciones por corrupción, generando controversia por trato diferenciado entre ambas funcionarias.
El Ministerio del Interior retiró la seguridad policial a la exfiscal Espinoza siguiendo la decisión de la Junta Nacional de Justicia que la suspendió irregularmente del máximo cargo del Ministerio Público y como fiscal suprema.
Espinoza responsabilizó directamente al Ministerio del Interior de cualquier atentado contra su integridad física, señalando que las autoridades no evaluaron adecuadamente los riesgos que enfrenta tras su separación del cargo fiscalizador.
La exfiscal afirmó estar en peligro de represalias por enfrentarse a la corrupción más grande que ha afrontado el Perú, cuestionando la medida policial tomada sin considerar su situación de vulnerabilidad actual.
El ministro Carlos Malaver había declarado públicamente en junio pasado que no retiraría el resguardo policial a Patricia Benavides, pese a la suspensión por 24 meses dispuesta por el Poder Judicial contra la entonces fiscal.
Benavides mantuvo protección de agentes policiales tras ser separada del cargo por investigaciones de presunta corrupción, argumentando que estaba en riesgo de sufrir atentados según evaluación previa de la Policía Nacional.
Las autoridades justificaron entonces el resguardo policial como medida preventiva tras realizar evaluación de riesgos correspondiente, criterio que no se aplicó en el caso actual de Delia Espinoza pese a circunstancias similares.
Espinoza teme ahora por su vida tras perder protección policial mientras enfrenta las mismas circunstancias que llevaron a mantener el resguardo de su predecesora, evidenciando inconsistencias en protocolos de seguridad.
