La reciente promulgación de la Ley 32181, debilita en la lucha contra la delincuencia, que limita la detención preliminar permitiendo únicamente a casos de flagrancia delictiva, ha generado un amplio debate, el abogado constitucionalista Joel Campos expuso los riesgos que esta norma plantea para la lucha contra la criminalidad organizada y la seguridad ciudadana en el país.
El especialista señaló que la nueva regulación elimina una herramienta clave utilizada por el Ministerio Público y el Poder Judicial para combatir la delincuencia, ya que anteriormente los fiscales podían solicitar la detención preliminar de un investigado con base en elementos razonables, siempre bajo la aprobación de un juez. Ahora, según la ley, los delincuentes solo podrán ser detenidos si son hallados en flagrancia dentro de un plazo máximo de 48 horas.
“Esta modificación obstaculiza significativamente las investigaciones y procesos efectivos contra presuntos criminales. Sin esta medida preventiva, muchos investigados podrían evadir la justicia alertados por las indagaciones en su contra”, explicó Campos en conversación con Pachamama Radio, subrayando que el impacto de la norma es preocupante en un contexto donde los índices de inseguridad ciudadana han crecido exponencialmente.
El abogado también cuestionó la responsabilidad de las autoridades en la aprobación de esta norma. “Es inaceptable que tanto el Congreso como el Ejecutivo, que tuvo la oportunidad de observar la ley, ahora reconozcan que su aplicación tiene graves implicancias. Esto debió ser evaluado antes de su promulgación mediante la consulta a expertos, fiscales y representantes del Poder Judicial”, añadió.
Campos destacó que, si bien se han identificado excesos en el uso de la detención preliminar, la solución no es eliminar esta figura, sino establecer estándares más rigurosos para evitar abusos y garantizar el respeto de los principios constitucionales. Enfatizó que los jueces cumplen un rol fundamental como garantes del debido proceso y deben interpretar con exhaustividad los casos antes de aprobar detenciones preliminares.
