Ruth Luque rechaza la amnistía para militares procesados por violaciones a derechos humanos durante la lucha antisubversiva de los años 80 y 2000. La congresista del Bloque Democrático Popular calificó la iniciativa como “una ley de impunidad” que niega justicia a las víctimas del conflicto armado interno.
La Comisión de Constitución aprobó el dictamen presentado por Jorge Montoya que beneficiaría a uniformados investigados por graves delitos. La propuesta incluye casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones sexuales cometidos contra población civil durante el período de violencia política.
La parlamentaria denunció que la propuesta pretende “borrar la justicia de un plumazo” y afecta el derecho a la verdad de las víctimas. Señaló que la medida perjudica especialmente a comunidades campesinas que fueron víctimas del mal actuar del Estado durante el conflicto.
Víctimas campesinas sin recursos para defenderse
Luque contrastó la situación de los procesados con la de las víctimas, en su mayoría comunidades campesinas quechua hablantes de zonas alejadas del país. La legisladora citó el caso de la comunidad de Kashawi, cuyos pobladores debieron trasladarse a Lima para participar en procesos judiciales.
“¿Por qué ofrecer una amnistía a quienes han arrebatado la vida a gente inocente?”, cuestionó la congresista durante su intervención. Subrayó que los militares han tenido derecho a defensa y apoyo estatal, mientras las víctimas carecen de recursos para contratar abogados.
La parlamentaria recordó que el Congreso alteró la ley APCI, impidiendo que las víctimas accedan a asesoría legal gratuita. Señaló que esta situación genera mayor desigualdad en el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables afectadas por el conflicto.
Congresista rechaza argumentos oficialistas
Luque rechazó los argumentos de Diego Bazán sobre la duración de los procesos judiciales. La congresista precisó que los casos son específicos y que no todas las fuerzas armadas están involucradas en investigaciones por violaciones a derechos humanos.
La parlamentaria advirtió sobre la inconstitucionalidad de la medida y su incompatibilidad con compromisos internacionales. Citó los precedentes del gobierno de Fujimori, cuyas amnistías fueron declaradas inadmisibles por organismos internacionales de derechos humanos.
Luque concluyó que la propuesta es inconvencional y recordó que el Sistema Universal ya estableció que las amnistías en casos de violaciones a derechos humanos no son admisibles. La decisión obliga al Perú a cumplir garantías internacionales suscritas en la materia.
