La Sala Penal de Apelaciones de Puno confirmó este 3 de agosto la prisión preventiva de 36 meses para Edwerson William Pacori Paricahua y Yony Apaza Justo, investigados por integrar una presunta organización criminal en la Municipalidad Provincial de San Román. La resolución también revocó la prisión para otros dos funcionarios.
El tribunal revocó la prisión preventiva para Hardy Meyer Quispe Lipa y Alberth Dany Aguirre Carbajal, a quienes impuso comparecencia con restricciones. Ambos deberán pagar una caución económica de S/5,000 cada uno y registrarse mensualmente ante el juzgado.
La Sala detectó inconsistencias en la imputación contra Quispe Lipa y Aguirre Carbajal. El primero asumió el cargo cuando la red ya operaba y emitió memorándums exigiendo controles, lo que debilitó la sospecha fuerte requerida para mantener la prisión.
Pacori Paricahua se desempeñaba como subgerente de Circulación y Seguridad Vial. Yony Apaza Justo ocupaba la subgerencia de Regulación de Transportes en Vehículos Menores. Ambos permanecerán recluidos mientras continúa la investigación.
La fiscalía sostiene que una red criminal operó entre 2024 y 2025 dentro de la comuna. Los funcionarios y particulares se distribuyeron roles para solicitar dádivas económicas de conductores con infracciones muy graves tipo M1, M2 y M3.
El objetivo era no registrar las papeletas en el Sistema Nacional de Sanciones del MTC. También buscaban hacer desaparecer expedientes, alterar información y permitir que las sanciones prescribieran o caducaran intencionalmente.
La organización habría impedido el registro y ejecución de más de 400 papeletas de infracción muy graves. El perjuicio económico para la municipalidad se calcula en más de S/1 millón.
Las pruebas incluyen la intervención de un agente encubierto, videovigilancia y escuchas telefónicas. En los allanamientos se hallaron copias de actas y escritos de nulidad en domicilios de los investigados.
Las conversaciones de WhatsApp revelaron consultas irregulares sobre el estado de licencias y papeletas de terceros. El agraviado es el Estado Peruano, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción.
