El partido Avanza País presentó oficialmente a su plancha presidencial y a sus candidatos a senadores y diputados el último 20 de enero. La congresista por Arequipa Diana Gonzales Delgado publicó fotos de la actividad política en su perfil de Facebook. En una se le ve junto a la polémica Adriana Tudela, actual legisladora y postulante a la segunda vicepresidencia por dicha organización política. “Asumo este nuevo reto como candidata a diputada por Lima (…) con responsabilidad y compromiso”, escribió Gonzales como encabezado a las imágenes.
Su publicación recibió un abucheo mayoritario en la red social. “Me parece bien que se presente por Lima, porque para Arequipa no hizo nada”, comentó María Guzmán. “Arequipa te quedó grande…”, criticó “César Vlard”. “De Arequipa a Lima, te pasaste…”, la cuestionó Moisés Halanoca.
Pese a las críticas, la parlamentaria no considera que esté traicionando a sus electores. “Mi vínculo con Arequipa es innegociable. El voleibol y mis estudios me llevaron a vivir fuera, pero jamás me alejaron de mi tierra”, contestó Gonzales al otro lado de la línea telefónica. Subrayó que es el partido quien la invitó a postular por la capital y niega que se desprenda de los problemas de la región del sur.
Gonzales llegó al Congreso para representar a Arequipa y es hasta donde vino a buscar votantes. Consiguió 24,948 votos en las elecciones generales del 2021 por el mismo partido con que ahora busca la reelección. De los seis parlamentarios que ganaron una curul, ella fue la tercera más votada. La catapulta para ser electa fue ser una ex “matadorcita”, denominación dada a las voleibolistas de las divisiones menores que estuvieron al mando de la medallista olímpica Natalia Málaga.
Pero fue justamente siendo congresista que se libró de una sanción grave impuesta por una instancia del Instituto Peruano del Deporte (IPD), por no cumplir requisitos para ser electa presidenta de la Federación Peruana del Vóley (FPV) cuando apenas tenía 24 años.
Set ganado
Gracias al vóley, la legisladora obtuvo una beca para ir a la Universidad Agrícola y Mecánica de Florida de los Estados Unidos. Es a su regreso que postuló a la presidencia de la FPV para el periodo 2017-2020. Consiguió ser electa, pero tras un poco más de un año en el cargo, fue destituida por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte (CSJDHD) del IPD.
Augusto Bravo Villarán, expresidente de la FPV, la acusó de no cumplir con los requisitos exigidos para ser presidenta en octubre de 2016. Se basó en que Gonzales no obtuvo la categoría de Deportista Calificado de Alto Nivel (DECAN), además de que no acreditó estudios universitarios o técnicos al momento de la postulación. Ambos son requisitos para ser presidente o vicepresidente estipulados en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (N°28036).
La denuncia la presentó ante el CSJDHD que sanciona las faltas en el ámbito deportivo. En más de un año de análisis, la instancia concluyó destituir a Gonzales e inhabilitarla por cinco años para ejercer cualquier cargo en el sistema deportivo nacional con su resolución N°003-2018. Mientras que, a la presidenta del Comité Electoral, Juana Conde Chero, se la castigó a dos años de inhabilitación.
Cuatro meses después, el castigo es ratificado en parte por otra sala del Consejo Superior de Justicia Deportiva, tras la apelación que interpuso la exvoleibolista. Se confirmó la destitución, pero se redujo la inhabilitación de cinco a tres años contra la legisladora. Es así que la deportista decidió judicializar el caso en la Corte Superior de Justicia de Lima.
Sin embargo, el Décimo Juzgado en lo Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Maritza Obregón Ñiquen, declaró infundada su demanda en agosto del 2023. Siendo parlamentaria, insistió a la instancia superior. Hasta que la Cuarta Sala Contencioso Administrativa, con una argumentación controvertida al no considerar las pruebas con que destituyeron a Gonzales del cargo dirigencial, falló a su favor.
La resolución N°006 del 23 de septiembre del 2024 declaró fundada la demanda y dispuso anular las resoluciones del Consejo Superior de Justicia Deportiva del IPD que sancionaron a Gonzales. “Cada Año Nuevo me decía a mí misma cuándo va a terminar esto. Tuve que esperar más de 6 años, porque fue un daño a mi honra, para mi familia, para mi apellido”, indicó la parlamentaria.
Por forma, no por fondo
Para las magistradas Patricia Beltrán Pacheco, Edith Cerna Landa y Magali Valer Fernández, se vulneró “el principio de tipicidad y el debido proceso”. Sostuvieron que Gonzales no incurrió en actos u omisiones para su beneficio ni incumplió normas deportivas al presentar documentación que no ha sido declarado nula. Textualmente indica que “presume válido” el requisito de que Gonzales es DECAN. Lo mismo consideró sobre la acreditación de ser profesional en ese momento, solo porque el Comité Electoral declaró infundada la tacha por dicho caso.
Para ser DECAN, el deportista debe obtener medalla de oro, plata o bronce en un evento oficial de la federación, internacional u olímpico (resultado deportivo internacional), dispone el Manual de Indicaciones Metodológicas del IPD. Incluso se considera que los DECAN deben participar en las selecciones de máxima categoría. Lo que no ocurrió con Gonzales.
“Uno logra ser deportista calificado a alto nivel cuando compites por la máxima categoría de tu deporte. Se puede jugar partidos amistosos, de preparación, pero para ser atleta de la máxima categoría tienes que jugar por la selección de voleibol. (…) Ni siquiera es un tema opinable. Ser DECAN es jugaste o no jugaste por la selección adulta”, explicó el presidente de la Comisión de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados de Lima, Marco La Jara.
Bajo el mando de la exvoleibolista Natalia Málaga, Diana Gonzales integró la selección nacional juvenil que consiguió el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010. También participó en la Copa Panamericana Juvenil del 2011, un torneo de preparación, consiguiendo el plantel el primer puesto. La última vez que integró la selección fue en la sub 20.
Aun así, Gonzales se inscribió usando el oficio N°3359-2019-IPD/DINADAF en que se la considera ex DECAN por la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (DINADAF). Sin embargo, el CSJDHD señaló que para ser una ex DECAN es indispensable que en su momento debió obtener la categoría de DECAN, y que la candidata “no presentó ese reconocimiento porque nunca lo obtuvo”.
En esa misma línea decidió la jueza de primera instancia. Consideró que dicho oficio no se ajusta a ley. “Corresponde al Consejo Directivo del IPD otorgar la denominación de deportista calificado de alto nivel; en consecuencia, no se puede avalar un acto administrativo que contradiga la normativa mencionada”, señala el fallo de Obregón. Por lo que consideró que el oficio no tiene valor probatorio.
Incluso la propia FPV propuso al IPD que determinados deportistas obtuvieran dicha categoría en 2014 y 2016. En las resoluciones N°049-2014 y N°098-2016 el nombre de la parlamentaria no está considerado. Mientras que, en el registro de atletas del 2 de septiembre del 2016, la ex voleibolista está registrada solo como “Deportista Calificada” debido a que sus logros fueron en las categorías 17 y 20 años y no en la categoría de mayores.
Sobre sus grados universitarios, Gonzales presentó documentación de haber estudiado en los Estados Unidos. Pero para el denunciante estos debieron acreditarse ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Como prueba presentó la carta N°052-2016 de la Sunedu que informó que no existía ningún grado académico a nombre de la parlamentaria en ese momento.
Pese a estas pruebas, Gonzales insiste en que es DECAN. “Me parece increíble que teniendo los requisitos tan claros no se haya procedido como deberían, afectando mis derechos fundamentales, pero sobre todo mi honra”, dijo. Por la disposición judicial, el CSJDHD emitió la resolución N°0011 en diciembre del 2024 borrando la sanción.
De lo que aún no se libra la parlamentaria es de las investigaciones fiscales. Es acusada de malversación, peculado, concusión y hasta cohecho pasivo propio en agravio de la misma Federación Peruana de Vóley. “Esos procesos siguen su curso”, contestó Gonzales.
