La disolución del Congreso en 2019 vuelve al debate público con la comparecencia de Salvador del Solar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. El ex primer ministro presentó una defensa sólida contra la denuncia constitucional en su contra, marcando un hito en esta controversia política.
Del Solar argumentó que el tema ya no está en discusión legal, citando la sentencia del Tribunal Constitucional. «Tanto la cuestión de confianza que presenté en nombre del Consejo de Ministros como la disolución del Congreso sucedieron dentro del marco de la Constitución», afirmó categóricamente.
Aunque reconoce la naturaleza polémica del asunto, Del Solar enfatizó que el ordenamiento jurídico peruano lo considera «cosa juzgada». Esta declaración subraya la importancia de respetar las decisiones judiciales previas en el sistema legal del país.
El ex primer ministro también abordó la sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de mayo de 2023. Aclaró que esta nueva sentencia, si bien no comparte los criterios anteriores, «en ningún momento señala que la sentencia previa fue inválida ni que debe haber otro juicio sobre esto».
Es crucial entender el alcance de la sentencia de mayo 2023. Su objetivo principal era delimitar las competencias del Poder Ejecutivo y el Congreso en cuanto a las cuestiones de confianza, especialmente en casos de rechazo de plano.
Respecto al cierre del Congreso en 2019, la sentencia de mayo 2023 determinó que el Congreso denegó materialmente la cuestión de confianza, a pesar de haber votado formalmente a favor. Esto se debió a su negativa de recibir al Presidente del Consejo de Ministros para debatir.
Francisco Saravia, expresidente y actual magistrado del Tribunal Constitucional, explicó que la intención de esta sentencia era «poner un límite» y «pasar la página». Buscaba evitar futuras situaciones donde el Ejecutivo interprete acciones del Legislativo como negación de confianza.
La defensa de Del Solar se caracterizó por su firmeza, respaldándose en la sentencia del Tribunal Constitucional de enero 2020. Su argumentación resalta la complejidad legal y política que rodea a la disolución del Congreso de 2019, un tema que sigue generando debate en la política peruana.
