Luego de que la Comisión Permanente del Congreso archivara la acusación constitucional contra Dina Boluarte por la masacre del 9 de enero de 2023 en Juliaca. Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y Deudos, calificó esta decisión como «una burla a los muertos». La medida protege a la presidenta de ser investigada por la muerte de 18 personas en Juliaca.
«El Congreso blinda a una asesina», enfatizó Samillán, hermano de Marco Antonio Samillán Sanga, una de las víctimas fatales. El dirigente acusó al Poder Legislativo de ser «cómplice de un genocidio» tras rechazar el proceso constitucional. Las familias afectadas consideran esta decisión como impunidad institucionalizada ante crímenes de lesa humanidad documentados.
Marco Antonio Samillán fue ejecutado mientras auxiliaba heridos cerca del aeropuerto de Juliaca. «Mi hermano solo atendía el llamado de auxilio, no portaba un arma», declaró Raúl Samillán. El fallecido era un civil desarmado que respondía al pedido de socorro de manifestantes heridos durante los enfrentamientos con fuerzas del orden.
El informe «Racismo Letal» documenta órdenes específicas de disparar a matar contra manifestantes. «Bryan, un niño, murió por disparos a quemarropa de la Policía; Manuel Quilla fue torturado hasta la muerte», enumeró Samillán. Amnistía Internacional analiza pruebas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes estatales durante las protestas que sacudieron la región sur del país.
Las víctimas preparan un libro multilingüe para exponer la verdad sobre los hechos ocurridos en Puno. «Queremos que el mundo vea cómo el Perú masacra a sus indígenas», declaró Samillán. La publicación busca romper el silencio oficial y mostrar testimonios directos de familiares afectados por la violencia estatal ejercida contra comunidades quechuas y aimaras.
Informes internacionales confirman patrones de represión selectiva contra poblaciones indígenas durante las manifestaciones. «Usan tácticas de guerra contra civiles», denunció el dirigente. La comunidad exige que autoridades respondan por genocidio ante instancias judiciales internacionales, considerando agotadas las vías de justicia nacional para obtener reparación por los daños causados.
«El 9 de enero fue un crimen de Estado, y los responsables pagarán», sentenció Samillán. Los deudos preparan acciones legales internacionales para romper el silencio oficial. Las familias mantienen viva la memoria de las víctimas mientras exigen justicia efectiva para los 18 fallecidos durante la jornada más sangrienta de las protestas antigubernamentales.
