Dos suboficiales de la comisaría de San Miguel fueron intervenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Puno tras graves acusaciones de robo a una comerciante que se negó a entregar una coima, dinero ilícito para mantener su mercadería.
Los hechos ocurrieron cuando la víctima se desplazaba en mototaxi por el jirón Apurímac en Juliaca. Su recorrido fue interrumpido abruptamente por un patrullero con tres ocupantes que, según denunció la afectada, le exigieron dinero para no incautar las zapatillas de segunda mano que transportaba.
Ante la negativa de la comerciante a ceder al intento de extorsión, los agentes procedieron a subirla al vehículo policial. Durante el trayecto, la trasladaron por diferentes puntos de la ciudad hasta finalmente despojarla por completo de su mercancía, según consta en la denuncia presentada.
Los uniformados implicados en el caso fueron identificados como Álex Darío M.Q., de 22 años, y Roger A.A., de 29 años. Ambos suboficiales enfrentan ahora un proceso de investigación bajo la supervisión directa de la Fiscalía Especializada de la región Puno.
Este incidente ha generado una ola de indignación entre los habitantes de la localidad, quienes han manifestado su rechazo a las conductas irregulares que manchan la imagen de la institución policial. La denuncia pone en evidencia presuntas prácticas de corrupción que afectan principalmente a pequeños comerciantes.
«Me negué a pagar porque estaba trabajando honradamente y no estaba cometiendo ningún delito», habría expresado la comerciante en su declaración, frase que resume el sentimiento de impotencia frente a los supuestos abusos de autoridad que denunció ante las autoridades competentes.
La intervención de los dos suboficiales forma parte de los esfuerzos institucionales por depurar elementos que no cumplen con los estándares éticos exigidos dentro de la Policía Nacional. El caso ha sido catalogado como prioridad por las autoridades locales debido a su gravedad.
Las investigaciones continúan mientras se recaban más testimonios y evidencias que permitan esclarecer completamente los hechos. Los vecinos de San Miguel esperan que este caso no quede impune y sirva como precedente para evitar que situaciones similares se repitan contra otros trabajadores y comerciantes de la zona.
