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San Miguel: Padres construyen aulas en Chingora

La comunidad educativa solicita materiales de construcción para culminar dos aulas y reclama inversión municipal en infraestructura escolar rural

Padres de Chingora edifican aulas con recursos propios ante falta de apoyo del municipio de San Miguel, denuncian priorización de gastos en celebraciones oficiales

Padres de familia y docentes del colegio secundario Clorinda Matto de Turner en el centro poblado de Chingora construyen con sus propios recursos dos aulas escolares, ante la indiferencia del alcalde del distrito de San Miguel, quien destina el presupuesto municipal a viajes de aniversario hacia provincias y distritos en lugar de apoyar la infraestructura educativa que requiere esta comunidad de la provincia de San Román.

La comunidad educativa denuncia que las autoridades distritales priorizan gastos en celebraciones oficiales mientras las familias asumen por cuenta propia la edificación de espacios que deberían corresponder a la gestión municipal, situación que ha motivado un llamado público solicitando donaciones de materiales de construcción para completar las obras que se encuentran en proceso sin ningún respaldo del gobierno local.

Los padres de familia requieren con urgencia tubos rectangulares para tijerales y correas, calaminón, puertas, ventanas, baldosas, cerámica para pisos, pintura, carpetas y pizarras, elementos indispensables para el techado de dos ambientes que se construyen íntegramente con el esfuerzo económico de las familias, según señalan en un comunicado difundido en redes sociales donde enfatizan que «la educación es primero».

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El directivo comunal ha habilitado el número celular 955509996 como canal de contacto para quienes deseen colaborar con esta iniciativa que busca compensar la ausencia de inversión pública, mientras la gestión municipal continúa sin responder a los requerimientos de una población estudiantil que carece de espacios adecuados para el desarrollo del proceso educativo en esta zona rural del distrito.

La situación evidencia una brecha entre las prioridades presupuestales de la autoridad edil y las necesidades básicas de la comunidad escolar, donde las familias han asumido la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas para sus hijos ante el desinterés de quienes deberían ejecutar obras de infraestructura educativa con recursos del Estado.

Esta problemática refleja un patrón recurrente en zonas rurales donde la inversión en educación queda postergada frente a gastos que las autoridades consideran prioritarios, dejando a padres y docentes como únicos garantes de espacios dignos para el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus comunidades.

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