El analista político de la provincia de San Román, Iván Trujillo Hilasaca, se pronunció sobre la denuncia constitucional presentada contra siete congresistas, quienes presuntamente habrían utilizado fondos del Estado para asistir a una fiesta en Trujillo. El analista calificó esta acusación como un delito grave, que podría llevar a la suspensión o inhabilitación de los congresistas involucrados. Sin embargo, advirtió que, a pesar de la gravedad del hecho, es evidente que el Congreso de la República podría una vez más pasar por alto este escandaloso episodio.
El analista subrayó que, una vez más, el Congreso está bajo el foco de la crítica, no por su labor legislativa ni por aprobar leyes que beneficien a la población, sino por los reiterados casos de corrupción y actos irregulares. No obstante, destacó que, en esta ocasión, la fiscal de la Nación ha actuado correctamente al procesar la denuncia constitucional. Ahora, según Trujillo, solo queda esperar que los congresistas sean inhabilitados, tal como lo dicta la ley.
Trujillo explicó que, de acuerdo con el marco legal, el delito de peculado doloso en grado de tentativa podría conllevar una sanción de inhabilitación para trabajar en el sector público de 9 a 10 años. En este contexto, destacó que si la fiscalía cumple con su labor de hacer valer la ley, los congresistas acusados deberán dejar sus cargos tras ser inhabilitados.
Finalmente, el analista criticó la persistencia de estos escándalos dentro del Congreso, resaltando que, en el actual gobierno de Dina Boluarte, la situación de corrupción ha alcanzado su punto máximo. Según Trujillo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo actúan a su antojo, sin que nadie intervenga, lo que genera un sentimiento de impotencia en la ciudadanía.
