Más de 70 viviendas esperan demolición tras primera etapa que removió solo 20 construcciones de las 96 identificadas como invasoras en zona intangible. Hugo Apaza Cabrera, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de San Román, confirmó que el plan de recuperación de la faja marginal del río Torococha seguirá su curso pese a documentos de propiedad presentados por los afectados, ya que la ley 29338 de recursos hídricos establece claramente que estas zonas son no urbanizables.
La autoridad municipal explicó que, aunque los ocupantes presenten títulos de propiedad, la normativa legal tiene prioridad sobre cualquier documentación particular en zonas de faja marginal y cauce. «Definitivamente nosotros tenemos que valorar toda la documentación que tenga, pero frente a ello nosotros hacemos priorizar la ley», declaró Apaza Cabrera durante una entrevista sobre el operativo de desalojo que se desarrolla en la zona crítica.
El funcionario confirmó que la segunda etapa está planificada, pero evitó precisar fechas específicas, argumentando restricciones procedimentales y dependencia del apoyo policial para ejecutar las demoliciones. «Ustedes saben que no podemos dar fechas, ya que la procuraduría determina los plazos», indicó el gerente, quien reconoció que el proceso requiere coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes de desalojo.
En el sector de salida hacia Arequipa, nuevas invasiones continúan expandiéndose sobre la faja marginal, lo que representa un desafío adicional para las autoridades locales. Apaza Cabrera reveló que esta zona forma parte de un segundo plan de intervención que debe ejecutarse siguiendo la misma normativa legal aplicada en la primera etapa del operativo.
Las 96 viviendas identificadas inicialmente en el tramo desde San Isidro hasta el cruce del río Coata evidencian la magnitud del problema de invasión en zonas intangibles. El diagnóstico y caracterización realizados en la zona sur confirmaron que las construcciones irregulares han alterado significativamente el cauce natural y las áreas de protección del río Torococha.
La recuperación de espacios públicos enfrenta resistencia de ocupantes que continúan construyendo pese a las notificaciones oficiales emitidas por la municipalidad provincial. «Ellos han querido prevalecer y construir, ya ha sido bajo responsabilidad de ellos», concluyó el funcionario, quien ratificó que los rellenos ilegales en zonas de cauce constituyen evidencia irrefutable de la invasión sistemática del área protegida.
