César Quispe Calsin, abogado de las víctimas de los trágicos eventos del 9 de enero en la provincia de San Román, anunció que este lunes 21 de octubre se llevará a cabo una audiencia de comparecencia restrictiva contra 19 personas investigadas por el asesinato de los manifestantes.
De acuerdo con Quispe, de los 19 implicados, 16 son efectivos policiales y tres son militares. En este contexto, el equipo especial del Ministerio Público ha solicitado medias coercitivas a través de la comparecencia restrictiva de siete de los investigados. El abogado expresó su esperanza de que el Poder Judicial demuestre un verdadero compromiso en la sanción de quienes son responsables de las muertes en la región, en medio de un clima de adversidad y dictadura.
Quispe recordó que, en ocasiones anteriores, se aprobaron medidas coercitivas solicitadas por el Ministerio Público, lo que resultó en que 24 investigados por la muerte de dos ciudadanos en Macusani estén impedidos de salir del país. El abogado subrayó que lo mismo debería aplicarse a los investigados por las muertes en Juliaca, destacando que, aunque ya ha pasado más de un año, las investigaciones apenas comienzan a mostrar resultados.
Además, señaló que, a estas alturas, todos los investigados deberían estar bajo prisión preventiva. Sin embargo, las trabas impuestas por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, habrían retrasado el avance de las investigaciones. Con su reciente cambio, el proceso judicial ha comenzado a avanzar, gracias al apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la ONU. En este contexto, Quispe enfatizó que los familiares de las víctimas continúan su lucha por justicia y no se detendrán hasta que el gobierno y sus autoridades sean sancionados.
