La Municipalidad de Caracoto, provincia de San Román, expropió el terreno de Natividad Quispe, de 63 años, quien lo adquirió en 1991 para asegurar el futuro de su hijo Juan Roque, de 41 años, con discapacidad mental y física severa. El inmueble fue entregado al Proyecto Especial Lago Titicaca para instalar una planta procesadora de quesos en el distrito de San Román.
El abogado de la familia, Darío Portillo Calcina, reveló que la comunidad de Suches cedió ilegalmente el predio como si fuese de su propiedad. “La comunidad se ha aprovechado de la humildad de la señora Natividad y de su hijo”, manifestó el letrado. La superficie expropiada abarca aproximadamente dos hectáreas ubicadas en territorio comunal.
La vivienda familiar fue demolida completamente en junio del año pasado, cuando iniciaron las obras de construcción de la planta quesera. Desde entonces, Natividad y su hijo viven en condiciones extremadamente precarias, sin techo propio ni servicios básicos. “No hay nadie que pueda atenderlo”, expresó la madre refiriéndose a la vulnerabilidad de Juan Roque.
La familia presentó denuncia penal contra el alcalde de Caracoto, Javier Poco, y el presidente de la comunidad de Suches, Alejandro Quispe. “Hemos solicitado apoyo a varias instancias, pero no hemos recibido respuesta”, indicó Portillo. El proceso judicial se encuentra en etapa inicial de investigación dentro del sistema de justicia local.
Juan Roque depende totalmente de su madre para realizar actividades básicas como alimentarse, asearse y movilizarse. Su silla de ruedas tiene más de 15 años y presenta deterioro avanzado, limitando gravemente su desplazamiento. El joven no recibe asistencia de programas sociales especializados como OMAPED, CONADIS o la Defensoría del Pueblo.
Durante cuatro décadas, Natividad ha dedicado su vida al cuidado integral de Juan. “Ella se encarga de llevarlo a pasear, alimentarlo y distraerlo”, comentó Portillo. La familia mantiene animales domésticos como vacas, ovejas, patos y gansos, que representan su principal fuente de sustento económico y compañía emocional para el hijo discapacitado.
El caso evidencia las múltiples barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el país. “No tiene acceso a servicios básicos ni a programas de apoyo”, señaló el abogado defensor. La familia ha solicitado intervención del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, sin obtener respuesta hasta la fecha.
La comunidad de Suches y la municipalidad actuaron sin considerar la situación de extrema vulnerabilidad familiar. “Ellos actuaron sin considerar la situación de vulnerabilidad de la familia”, mencionó Portillo. El terreno comprado hace más de 30 años representaba la única herencia y garantía de subsistencia para Juan Roque en el futuro.
Natividad mantiene su lucha legal pese a las adversidades económicas y su edad avanzada. “Ella solo quiere lo mejor para Juan”, comentó su abogado. La familia no pierde la esperanza de recuperar su propiedad y solicita intervención urgente de autoridades competentes para resolver esta situación de injusticia social.
La historia de los Quispe Roque constituye un llamado urgente sobre la protección de derechos fundamentales de personas con discapacidad. “Necesitamos un cambio”, concluyó Portillo. La familia aguarda que la justicia prevalezca y les permita vivir con dignidad, seguridad y respeto a sus derechos humanos básicos.
