La Sala Penal de Apelaciones de la provincia de San Román, emitió una sentencia en idioma aimara, la misma que impuso cuatro años de pena privativa de libertad, con el carácter de suspendida por el periodo de dos años, sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, contra Margarita Calderón Tinta, como cómplice secundario del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio calificado, en su forma de parricidio, en agravio de quien en vida fuera su menor hijo.
La sala conformada por los jueces superiores Hernán Layme Yépez (presidente); Roger Istaña Ponce y Jesús Gallegos Zanabria, llevaron adelante la audiencia, así como la lectura de la sentencia en el idioma originario de la imputada; el aimara, solicitando al perito traductor Vicente Alanoca Arocutipa, oralice la presente sentencia en el referido idioma y la ulterior transcripción.
Es la primera vez que una Sala Superior del Poder Judicial, emite una sentencia en el idioma aymara, teniendo como antecedente una sentencia en primera instancia, la N°011-2015 emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de El Collao, en fecha 13 de marzo del 2015 por el delito de violación sexual, luego de llevarse la audiencia en el idioma aymara.
La sentencia se emite en aplicación del Convenio 169 de la OIT y de las políticas del Poder Judicial, que se materializan a través de la Comisión Nacional de Justicia Intercultural, que preside el juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga y que es integrada por el magistrado de la CSJPU, Hernán Layme Yépez; así como de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP); las mismas que reconocen las lenguas originarias del Perú.
El objetivo es garantizar los derechos lingüísticos de la población en los actos procesales que lo requieran en todas las especialidades y materias, preferentemente desde que se inicia un proceso judicial; para ello se promueve el uso de intérpretes y/o traductores de lenguas indígenas u originarias durante los procesos judiciales, como es el caso de esta sentencia. Para ello, es importante que el juez identifique la lengua materna de los usuarios, así como que las personas informen cuál es su primera lengua.
