Patricia Esther Chipana Chipana rechaza categóricamente las acusaciones que la señalan como trabajadora fantasma en la Municipalidad Distrital de San Miguel, provincia de San Román, calificando las denuncias como difamación infundada de parte de un ciudadano que carece de pruebas. La madre de familia expresó su indignación por los señalamientos que considera calumniosos y que afectan su reputación laboral construida durante cinco años de servicio municipal.
La funcionaria municipal ingresó a trabajar en la institución edil en 2019, desempeñándose inicialmente en limpieza pública mediante un triciclo asignado para las labores de saneamiento urbano. Actualmente ocupa el cargo de supervisora, posición que alcanzó tras demostrar compromiso y eficiencia en sus funciones dentro del área de servicios públicos municipales.
Las acusaciones infundadas han generado malestar entre el personal municipal, donde las compañeras de trabajo también rechazan estos señalamientos difamatorios. La trabajadora sostiene que estas versiones carecen de sustento y responden a motivaciones personales que buscan desprestigiar su labor en la comuna sanmiguelina.
Ramiro Díaz Tupa, funcionario municipal involucrado en las acusaciones, informó que las versiones son totalmente falsas y lo perjudican directamente. La denuncia señala que él estaría cobrando el sueldo correspondiente a la mencionada trabajadora, situación que rechaza categóricamente por considerarla una calumnia sin fundamentos reales.
Ambos funcionarios municipales han salido públicamente a negar rotundamente los cargos, considerándolos calumnias tendenciosas motivadas por intereses personales. Los involucrados sostienen que estas acusaciones buscan desprestigiar la gestión municipal y generar desestabilización en el área de recursos humanos de la institución.
La controversia evidencia la necesidad de verificar información antes de realizar denuncias públicas que afecten la reputación de servidores municipales. Los funcionarios demandan que se presenten pruebas concretas de las acusaciones o se retiren públicamente los señalamientos que consideran difamatorios y carentes de sustento legal.
