Más de 12 trabajadores de Caja Cusco Juliaca se apersonaron hasta una vivienda en el distrito de San Miguel en la provincia de San Román, para realizar cobros de manera arbitraria y matonesca durante la primera semana de septiembre. Un cliente que guardó su identidad en reserva denunció a través de medios de comunicación las agresiones verbales y daños materiales que sufrió su propiedad por parte del personal de cobranzas de la entidad financiera.
Las imágenes de video registradas por cámaras de seguridad muestran cómo la administradora de Caja Cusco Juliaca lanza improperios calificando de estafador al cliente. No contenta con los insultos, se observa en las grabaciones que arroja piedras contra la ventana del segundo piso de la vivienda, atentando contra la propiedad privada cuando el propietario no se encontraba presente.
Los trabajadores encapuchados actuaron como bandas delincuenciales, arrojando primero piedras al inmueble y golpeando posteriormente todas las puertas de acceso. Varios varones llegaron en motocicletas con cascos puestos o rostros tapados, situación que generó preocupación entre vecinos de la zona que pensaron se trataba de delincuentes intentando ingresar al inmueble ubicado en el distrito de San Miguel.
Antes de retirarse del lugar, uno de los trabajadores forzó la chapa de la puerta de la vivienda, generando daños adicionales a la propiedad privada. El único motivo de esta agresión fue el retraso de dos meses en el pago de cuotas mensuales por parte del propietario, quien había acudido oportunamente a las oficinas de la entidad solicitando reprogramación de fechas.
La entidad financiera no otorgó respuesta positiva a la solicitud de reprogramación del cliente, limitándose únicamente a emitir amenazas permanentes contra el deudor. Las cámaras de videovigilancia registraron completamente los hechos violentos protagonizados por el personal de cobranzas que actuó de manera intimidatoria y vandálica.
La denuncia expone métodos de cobranza ilegales utilizados por trabajadores de Caja Cusco que vulneran derechos fundamentales y generan alarma social en la comunidad. Los vecinos del sector expresaron su preocupación por estos procedimientos que confunden a la ciudadanía con actividades delincuenciales organizadas.
