La segunda visita del viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior Luis Fernando Reátegui Lazarte evidenció la ausencia de soluciones concretas frente a la crisis de inseguridad que atraviesa la ciudad altiplánica, donde los cuestionamientos de la población expusieron la falta de resultados tangibles de las políticas implementadas por el gobierno central.
Durante su participación en la entrega de camionetas de serenazgo adquiridas por el municipio provincial, el funcionario del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública enfrentó interrogantes directos sobre los escasos logros obtenidos desde la implementación de una mesa de trabajo que funciona hace meses sin mostrar mejoras significativas en los índices delictivos locales.
Las declaraciones del viceministro reflejaron la ausencia de fechas específicas para la reestructuración policial demandada por la población juliaqueña, limitándose a señalar que «ya se está haciendo» sin proporcionar un cronograma claro ni compromisos verificables para el cambio de jefes policiales cuestionados por la ciudadanía.
En medio de los cuestionamientos, solo anuncio la llegada de 20 motocicletas y 2 patrulleros de parte del ministerio del interior, un esfuerzo insuficiente considerando la magnitud de la crisis de seguridad que atraviesa Juliaca, donde el «cementerio de patrulleros» de la Policía Nacional contrasta con las adquisiciones realizadas únicamente por los gobiernos locales.
Reategui Lazarte defendió la mesa de trabajo que se reúne dos veces por semana como un avance significativo, pese a que los resultados concretos en la reducción de la criminalidad no se han materializado en mejoras perceptibles para la población, que continúa demandando acciones más efectivas contra la delincuencia.
El funcionario reconoció que 39 policías fueron detenidos este año en Juliaca por actos delictivos, argumentando que «no se puede juzgar a toda una institución por lo que hacen unos cuantos», mientras admitía que varios de los uniformados capturados fueron posteriormente liberados por demoras en la entrega de informes policiales, generando mayor desconfianza ciudadana.
