En menos de 24 horas, el ministro del Interior Juan José Santiváñez pasó de admitir acceso anticipado a un reportaje confidencial de Cuarto Poder a negar rotundamente las acusaciones en una reciente entrevista, desatando una crisis de credibilidad sin precedentes en el Ministerio del Interior.
«Absolutamente falso», afirmó tajantemente Santiváñez al ser consultado sobre las denuncias que lo implican en presuntos sobornos de hasta $60,000 para manipular casos judiciales, defendiendo su reputación como abogado con más de 25 años de experiencia profesional y destacando que su despacho está «ranqueado internacionalmente».
El funcionario admitió que José Luján Benavides, hijo de la exjueza Enma Benavides Vargas señalada como intermediaria en la presunta red de corrupción, efectivamente trabajó en su despacho, pero aclaró que se desempeñaba como civilista y «jamás se dedicó al derecho penal», negando cualquier relación con casos en la jurisdicción de la magistrada.
Cuestionado sobre la filtración del reportaje periodístico antes de su emisión, el ministro evadió revelar su fuente y trasladó la responsabilidad a Cuarto Poder sugiriendo que deberían revisar sus propios filtros internos y «las personas con las cuales trabaja», mientras insistía en que sus comunicaciones son privadas.
El reportaje de Cuarto Poder reveló testimonios de dos testigos protegidos (01-2025 y 02-2025) que presentaron evidencias al Ministerio Público, las cuales implican a Santiváñez en una presunta red para manipular decisiones judiciales que incluiría pagos de hasta $60,000 a familiares de investigados a cambio de obtener resoluciones favorables mediante jueces y fiscales presuntamente corruptos.
La controversia se intensificó durante una tensa entrevista televisiva con Sol Carreño, donde Santiváñez se negó a mostrar las conversaciones de WhatsApp donde habría recibido el informe filtrado, respondiendo con un categórico «No tengo por qué enseñarte nada», lo que provocó que la periodista le recordara que como funcionario público tiene deberes y no derechos, una lección «elemental que se enseña en la universidad».
Uno de los casos mencionados involucra al capitán Francisco Johnny Arévalo Quispe, procesado por el caso «El Escuadrón de la Muerte», cuyo familiar habría entregado dinero al ministro con la promesa de conseguir su libertad mediante recursos de hábeas corpus que, pese al presunto pago, fueron finalmente rechazados por las autoridades judiciales correspondientes.
El titular del Ministerio del Interior también anunció que presentará una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación por presunta «omisión funcional» al retirarse de una mesa interinstitucional para establecer protocolos de investigación, considerando que esto constituye una infracción a sus deberes constitucionales que debe ser evaluada por el Congreso de la República.
Al ser consultado sobre sus aspiraciones políticas para las elecciones de 2026, el ministro evitó confirmar candidaturas específicas pero no descartó su participación, señalando que existen diversas formas de contribuir a la vida política del país como integrar ONGs o representar gremios, aunque enfatizó que actualmente está dedicado completamente a sus funciones como ministro del Interior.
Mientras el escándalo continúa desarrollándose, la presidenta Dina Boluarte firmó la resolución que autoriza el viaje oficial de Santiváñez a Europa, programado para iniciar el 3 de marzo con destino a Bruselas (Bélgica) y La Haya (Países Bajos), donde participará en la Reunión Ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior hasta el 9 de marzo, generando interrogantes sobre la oportunidad de este desplazamiento en medio de la controversia.
