El secretario del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Altiplano (SIDUNA), Carlos Abad Vargas enfrenta acusaciones por presuntamente respaldar nombramientos irregulares en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, luego de que, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) señaló que las contrataciones se realizaron al margen de la ley durante el concurso de nombramiento docente de 2024.
Abad Vargas niega las imputaciones y asegura que todos los docentes de la UNA Puno ingresaron por concurso público entre 2021 y 2024. En una entrevista radial, el dirigente sostuvo que los docentes cumplen con los requisitos de la Ley 30220, que exige experiencia docente, vínculo laboral y adjudicación de plaza por concurso. Sin embargo, la SUNEDU cuestiona la interpretación de la norma, especialmente sobre el vínculo laboral hasta el semestre 2023-2, requisito que algunos docentes nombrados no cumplirían.
La controversia gira en torno a la interpretación de la Ley 32710, que autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados. Abad Vargas argumentó que la ley entró en vigencia el 22 de noviembre de 2024 y que los docentes con contrato hasta la fecha de emisión de la ley, solo ellos están aptos y los que tuvieron un vínculo con la UNA Puno hasta el 2023-II, no cumpliría requisitos según defiende el docente universitario, apartado en el cual desde la universidad, dispusieron una cláusula que aparentemente modificó la Ley.
Sin embargo, críticos señalan que la norma no fue aplicada correctamente, beneficiando a docentes sin concurso previo. La discusión legal incluye opiniones divididas sobre si la universidad puede interpretar la ley a su conveniencia.
Docentes como Carmen Ramírez y Jesús Arcos no fueron nombrados pese a tener vínculo laboral hasta 2023-2, en respuesta, Abad Vargas afirma que en estos casos no se cumplían con el requisito de adjudicación por concurso público en el período exigido. La SUNEDU y el Ministerio de Educación han emitido informes que respaldan la necesidad de ajustarse estrictamente a la ley, evitando interpretaciones subjetivas que favorezcan a grupos específicos.
Abad Vargas insistió en que la universidad es autónoma y que las decisiones se basan en informes técnicos y legales. Durante el debate, mencionó un oficio del Ministerio de Educación que respalda la posición de la UNA Puno, aunque la SUNEDU ha cuestionado la validez de estos documentos.
El dirigente también señaló que el tema ha sido discutido en foros nacionales, donde se ha debatido la aplicación de la ley en contextos postpandemia.
