De acuerdo al investigador Gino Román, la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte es accionista de Graña y Montero y durante su gestión aumentaron las tarifas de los peajes en varias regiones.
Lo que los medios de comunicación callan es que, justamente esos peajes son de propiedad de Graña y Montero lo que a todas luces es un conflicto de intereses y ni la Fiscalía de la Nación o la Procuraduría se han mencionado al respecto y mucho menos allanaron un local o abrieron una investigación.
Los peajes que pudieron aumentar sus tarifas son: Iirsa Norte de Odebrecht y Graña y Montero, Interoceánica Sur, Intersur de Andrade y Gutierrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao e Interoceánica Sur de GyM JJc e Iccgsa.
De acuerdo a documentos exhibidos por Gino Román, la actual ministra es accionista de Aenza otro nombre que Graña y Montero adoptó luego del escándalo del club de la construcción. Además, el investigador señala que, en su declaración jurada de intereses, ella omitió esta información lo que es una falta muy grave.
Se debe agregar que, mientras la Contraloría es pasiva en este caso, en días anteriores solicitó todo tipo de documentación a la Universidad Nacional de Ingeniería, justamente en días en que esta casa de estudios abrió sus puertas a los protestantes del sur del Perú.
