La Contraloría General de la República detectó que un servidor público del Gobierno Regional Puno recibió pagos irregulares por más de 54 mil soles al trabajar simultáneamente en tres entidades estatales durante el segundo semestre del 2023. El funcionario laboró como supervisor en un proyecto regional mientras prestaba servicios a la Universidad Nacional del Altiplano y al Ministerio de Vivienda.
El informe de control específico 200-2024 señala que el trabajador, contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, presentó declaraciones juradas falsas para ocultar que ya mantenía un vínculo laboral con el Estado, violando la normativa que prohíbe la doble percepción de ingresos públicos.
Durante su gestión como Supervisor III de un proyecto de infraestructura deportiva del Gobierno Regional, el funcionario brindó servicios adicionales a la Universidad Nacional del Altiplano por 8,700 soles para elaborar un estudio de evaluación estructural del auditorio magno.
Paralelamente, el servidor prestó servicios al Ministerio de Vivienda por 36,000 soles para el monitoreo técnico de obras en Puno, Ilave y Juli, labores que realizó durante el mismo horario en que debía cumplir sus funciones en el gobierno regional.
El documento revela que el trabajador también facturó 10,000 soles adicionales a la Municipalidad Provincial de Chucuito-Juli por estudios de evaluación estructural, sumando ingresos irregulares que vulneran la ley que impide a funcionarios públicos desempeñar más de un cargo remunerado por el Estado.
La Contraloría determinó que estas acciones afectaron gravemente la legalidad administrativa y generaron un perjuicio económico de 15,482 soles. El caso ha sido derivado al Ministerio Público y a las instancias administrativas correspondientes para las sanciones del caso.
El informe recomienda al Gobierno Regional Puno implementar medidas de control más estrictas en la contratación de personal y verificar exhaustivamente las declaraciones juradas presentadas por los postulantes a cargos públicos para evitar nuevos casos de doble percepción de ingresos estatales.
