El Consejo de Ministros anunció una investigación tras las protestas en Lima que cobraron la vida de un ciudadano. El general Arriola identificó públicamente al presunto responsable del disparo, un suboficial con orden de detención hospitalizado. Sin embargo, el abogado Stefano Miranda negó la participación de su defendido Luis Magallanes en los hechos.
La exministra Marisol Pérez Tello cuestionó la ligereza del proceso investigativo gubernamental. «Han atribuido responsabilidad a una persona sin haber hecho ninguna investigación», señaló sobre el pronunciamiento oficial. El Ministerio del Interior desautorizó al general Arriola al abrir nuevamente la pesquisa. Pérez Tello advirtió sobre el uso excesivo de fuerza policial durante las manifestaciones.
Las autoridades cerraron todas las salidas durante las protestas, generando pánico y estampidas entre manifestantes. Los gases lacrimógenos provocaron que «la gente corriera y mucha gente quedara desprotegida», según reportes recibidos por Pérez Tello. El operativo policial pudo causar más víctimas mortales debido a la falta de rutas de evacuación seguras.
Cuestionan falta de garantías para el derecho a la protesta
Miranda denunció que el gobierno eludió asumir responsabilidad institucional en los acontecimientos violentos. «Siguen lavándose las manos», afirmó el abogado sobre la respuesta oficial que evitó pronunciarse sobre garantías fundamentales. El Ministerio de Justicia ofreció defensores públicos para todas las partes involucradas en el proceso judicial.
La participación de agentes de la Dirección de Investigación de Secuestros generó controversia adicional. Miranda calificó como «inconcebible» que estos efectivos actuaran sin autorización del alto mando policial. «El jefe no va a mandar agentes de inteligencia sin conocimiento», cuestionó sobre los planes operativos implementados durante la jornada.
Los especialistas exigieron rendición de cuentas transparente y respeto al debido proceso constitucional. Pérez Tello demandó investigar tanto actos vandálicos como el uso desproporcionado de fuerza estatal. La confusión del mensaje gubernamental dejó más interrogantes que respuestas sobre la responsabilidad institucional en los trágicos sucesos.
