La exprocuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, advirtió que desactivar el equipo especial antes de concluir los juicios pendientes pondría en riesgo 30 acusaciones que deben pasar a etapa intermedia y sentencias, además de comprometer la recuperación de reparaciones civiles millonarias para el Estado peruano.
La disolución implicaría dispersar casos entre sistemas especializados por delito, separando investigaciones de corrupción, lavado de activos y crimen organizado que actualmente maneja integralmente el equipo especial, complicando el litigio transversal de estos megacasos.
«Los ciclos deben concluir con las sentencias porque el fiscal que conoció todo el caso todos estos años con toda la evidencia es el fiscal que lo va a sustentar en juicio«, declaró Carrión.
Logros en reparaciones civiles
La Procuraduría Anticorrupción recuperó más de 300 millones de soles hasta septiembre de este año, la reparación civil más alta cobrada en la historia judicial del país en casos de corrupción, superando los montos de los casos Fujimori y Montesinos.
El trabajo pendiente incluye colaboraciones eficaces con empresas del Cartel de la Construcción por aproximadamente 300 o 400 millones de dólares adicionales y litigios propuestos por 30,000 millones de soles que correrían peligro si se reduce el personal especializado de la procuraduría.
Carrión alertó que cambiar fiscales antes de las sentencias daría ventaja a la defensa mientras los nuevos operadores enfrentan una curva de aprendizaje corta para juicios complejos, poniendo en riesgo 2,500 millones de soles asegurados en embargos.
