La Universidad Nacional del Altiplano en Puno tiene ocho expedientes abiertos por hostigamiento sexual desde 2022, pero solo uno ha terminado con una sanción firme: la destitución de un docente de Odontología.
Según un informe oficial remitido al Portal de Acceso a la Información Pública, la mayoría de los casos siguen en trámite, fueron archivados o están en apelación, lo que deja en duda la efectividad de los mecanismos para proteger a las víctimas dentro de la institución.
El documento, firmado por Estanislao Edgar Mancha Pineda, secretario de la Comisión Disciplinaria, revela que solo un profesor fue separado de su cargo, mientras que otros procesos enfrentan demoras o falta de pruebas.
El caso más emblemático es el del docente F.A.CH.F., quien fue destituido en 2025 tras ser encontrado responsable de hostigamiento sexual contra una colega. La víctima, una docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, relató que sufrió acoso desde 2015, incluyendo insinuaciones verbales, gestos obscenos y maltrato psicológico.
Aunque el profesor pidió perdón en 2017 y firmó un acta de conciliación, los actos se repitieron, generando un daño psicológico grave en la afectada, según informes médicos. La Comisión Disciplinaria confirmó los hechos y aplicó la máxima sanción, pero el Tribunal Universitario declaró improcedentes los recursos de apelación, ratificando la decisión.
Sin embargo, cuatro de los ocho expedientes no tienen resolución definitiva. Uno de ellos, iniciado en 2023 por nueve estudiantes del CEPREUNA, sigue activo y está en etapa de resolución. Otro, que involucra a un docente acusado por una auxiliar contable, fue archivado por falta de pruebas
El informe también detalla que dos expedientes están en apelación ante el Tribunal Disciplinario, y uno fue remitido al Rectorado sin mayor avance. Esto refleja un patrón: las víctimas enfrentan obstáculos para que sus casos prosperen, ya sea por falta de pruebas, demoras en los trámites o decisiones que favorecen a los acusados.
La universidad argumenta que actúa conforme a la ley, pero especialistas señalan que la lentitud y la burocracia desalientan a las víctimas. Un informe psicológico adjunto en uno de los expedientes describe cómo el hostigamiento afectó la salud mental de una docente, generando depresión y ansiedad.
Pese a esto, algunos procesos se cierran sin sanciones, como el de un ejecutivo del Centro Experimental Chuquibambilla, acusado de acoso y humillaciones. La Comisión lo absolvió por insuficiencia probatoria, aunque la víctima insistió en que sufrió intimidación y marginación laboral.
El documento revela, además, que no hay registro de denuncias informales en los últimos tres años, lo que contrasta con testimonios de estudiantes y trabajadoras que prefieren no denunciar por miedo a represalias.
La Defensoría Universitaria ha intervenido en algunos casos, pero su capacidad para garantizar justicia es limitada. Las autoridades insisten en que se siguen los protocolos, pero las cifras muestran que la impunidad sigue siendo un problema.
