El presupuesto del sector público para 2025, publicado oficialmente esta semana, asciende a más de 251,000 millones de soles, lo que representa un aumento de 4.6 % en comparación con el presupuesto inicial de 2024. Sin embargo, la economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), Paola Herrera, destacó que este incremento no se distribuye de manera equitativa entre las regiones y sectores, y Puno se encuentra entre las regiones con un incremento más bajo, de apenas 2 %.
Para 2025, Puno recibirá poco más de 3,000 millones de soles, un leve incremento respecto a los 2,900 millones asignados en 2024. Este aumento mínimo en contrasta con otras regiones como La Libertad y Ayacucho, que recibieron mayores incrementos, en parte influenciados por debates y decisiones políticas en el Congreso, según Herrera.
La ejecución presupuestaria en Puno también muestra desafíos. Hasta diciembre, la región ha ejecutado el 78 % de su presupuesto total y apenas el 67 % en inversión pública, situándose a media tabla en un ranking nacional de ejecución presupuestal. Esto evidencia barreras significativas en la utilización eficiente de recursos destinados a infraestructura como colegios, hospitales y carreteras.
Herrera señaló que los sectores con mayores aumentos en el presupuesto nacional son salud y educación, con incrementos del 4 % cada uno. En contraste, el presupuesto para orden público y seguridad, prioritario para abordar la delincuencia y economías ilegales como la minería ilegal, creció menos del 1 %. Además, el programa presupuestal para la reducción de minería ilegal, crítico para regiones como Puno, disminuyó en más del 10 %.
La economista subrayó que estas decisiones reflejan una falta de atención a problemas urgentes como la minería ilegal, que afecta directamente a la seguridad y economía de la región.
En tanto, alertó sobre el desequilibrio entre el gasto corriente, destinado principalmente al pago de planillas, y la inversión pública, que es clave para mejorar la competitividad regional. Aunque el gasto en planillas asegura condiciones laborales dignas, este no siempre se traduce en mejoras en los servicios públicos.
El bajo incremento presupuestal y las dificultades en ejecución de inversión pública colocan a Puno en una posición vulnerable frente a otras regiones. Según Herrera, la clave para 2025 será mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y priorizar proyectos que reduzcan brechas en infraestructura y servicios básicos, alineados con las necesidades reales de la población.
