El gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, Everardo Aracayo Quispe, trató de justificar las presuntas irregularidades en torno a la realización de un congreso de mujeres que jamás ocurrió, según sostuvo, habría firmas falsificadas y 29,000 soles desviados, además señalo que la denuncia derivó en investigación fiscal.
Aracayo Quispe, señaló que, la Gerencia aprobó el plan de trabajo, asignó los fondos y formalizó la ejecución por encargo interno a una coordinadora, mediante resolución administrativa; sin embargo, los documentos de conformidad presentan un visto bueno y sello institucional que, a su parecer fueron falsificados.
«Nosotros hemos trabajado con absoluta transparencia, pero en esta ocasión han falsificado el visto bueno», declaró el gerente Regional de Desarrollo Social, quien señaló que fue sorprendido de buena fe, al procesar conformidades dentro de la carga laboral habitual de cierre fiscal 2025.
Cadena de irregularidades y responsables identificados
La conformidad del supuesto congreso fue emitida por la responsable del MIMP, quien adjuntó fotografías como prueba de realización; el evento habría figurado como ejecutado el año pasado 2025, antes de que el actual gerente asumiera el cargo, sostuvo el funcionario.
Las boletas presentadas consignan gastos en alimentación y alquiler de equipos; sin embargo, extraoficialmente los 29,000 soles se habrían destinado a actividades deportivas, según informó el propio gerente, quien reconoció desconocer con certeza el destino final de los recursos.
Las organizaciones femeninas afectadas exigen rendición de cuentas públicas, pues el Consejo Regional de la Mujer permanece sin instalarse oficialmente; la elección de representantes y el segundo congreso quedaron suspendidos por el escándalo, generando malestar en las bases de la región.
Investigación fiscal y proceso administrativo sancionador
El expediente en el sistema SGD del Gobierno Regional no registra documentación adjunta que acredite la realización del congreso; la firma falsificada aparece vinculada al gerente como titular de la entidad, pese a que él niega haber suscrito los documentos cuestionados por la fiscalía.
«El Ministerio Público lo va a determinar; yo no puedo señalar quién falsificó, pero hay personas que han intervenido en esa situación», afirmó el gerente, quien anunció que la Gerencia brindará todas las facilidades a la investigación fiscal en curso.
La coordinadora de aldeas, designada responsable del encargo por tener contrato 276 vigente, no habría manejado los fondos directamente según el gerente; no obstante, figura formalmente como ejecutora y enfrenta señalamientos dentro de la investigación penal iniciada por el Ministerio Público.
Reformas internas y riesgos institucionales
El caso expone que el sistema de conformidades del Gobierno Regional opera sin verificación directa del titular; tres funcionarios están implicados formalmente: el gerente como titular, la responsable del MIMP y la coordinadora de aldeas que recibió el encargo interno.
La Gerencia remitió los antecedentes al Proceso Administrativo Sancionador del Gobierno Regional, donde se aplicarán las sanciones correspondientes al personal involucrado; paralelamente, el gerente anunció la contratación de personal adicional para reforzar el control interno de conformidades.
Finalmente, el segundo congreso de mujeres fue reprogramado para mayo de 2026, con instalación oficial y elección de representantes; el presupuesto será reevaluado y el gerente se comprometió a ejercer supervisión directa de todas las actividades, para evitar nuevas irregularidades en la ejecución presupuestal de la gerencia.
