La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) advirtió riesgos en nueve materias ambientales del proyecto de ley que pide facultades legislativas al Congreso, presentado por el Poder Ejecutivo, que encabeza la presidenta Keiko Fujimori, para legislar sin pasar por el debate parlamentario ordinario.
El pedido abarca, además de lo ambiental, materia penal, migratoria, tributaria y de seguridad ciudadana, entre otras; la SPDA centró su revisión en los cambios que tocan recursos naturales, biodiversidad y derechos de pueblos indígenas.
La SPDA advierte que aplicar el silencio administrativo positivo —dar por aprobado un trámite si la autoridad no responde a tiempo— a la evaluación de impacto ambiental eliminaría la revisión técnica previa que hoy exige el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) antes de autorizar un proyecto.
El documento advierte que extender ese mismo silencio a las opiniones técnicas vinculantes dejaría sin voz a entidades como el Sernanp o la ANA, pues sus pronunciamientos especializados quedarían reemplazados por el simple paso del tiempo.
En materia pesquera, la SPDA plantea que la modernización del sector debe enfocarse en unir la información dispersa entre registros, clasificar mejor la flota pesquera y estandarizar los permisos, en lugar de flexibilizar controles existentes.
El informe también señala un riesgo para los pueblos indígenas: la titulación de sus tierras, si llega después de una concesión forestal, podría tratarse como un derecho «posterior» e incompatible, pese a que su posesión ancestral es anterior en los hechos.
Preocupación por hidrocarburos y áreas protegidas
La SPDA insiste en que proteger la vida es un deber reforzado del Estado y cuestiona dar continuidad a derechos de hidrocarburos ya existentes si eso implica exponer a pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) a mayor riesgo de contacto.
La institución rechaza, además, la idea de reducir áreas naturales protegidas por razones de necesidad pública, citando el potencial gasífero de la cuenca Madre de Dios, que se cruza con el Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri.
El análisis cierra pidiendo al Congreso leer en conjunto el articulado y la exposición de motivos antes de decidir, y advierte que impulsar turismo u otras actividades productivas no debe bajar los estándares de protección ambiental ya vigentes.
