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Subcomisión aprueba acusar a Delia Espinoza por infracción constitucional con inhabilitación de 10 años

La SAC archivó acusaciones por delitos penales pero propuso inhabilitación por vulnerar principios del ejercicio público y competencias del Congreso

Grupo parlamentario validó informe contra fiscal suspendida por denunciar a 11 congresistas vinculados a proyecto de pensionistas militares

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría, con diez votos a favor y una abstención, el informe final que acusa a la fiscal de la nación suspendida, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, por infracción constitucional y propone inhabilitarla por diez años para ejercer cargo fiscal.

El grupo parlamentario que preside Jorge Montoya validó el informe final del congresista Elvis Vergara, que analiza las denuncias constitucionales 563 y 618 presentadas por Kira Alcarraz y José Cueto, vinculadas a la denuncia que Espinoza formuló contra once congresistas por el proyecto de ley 319 sobre pensionistas militares.

«El análisis jurídico se desarrolló con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y con la garantía plena del derecho de defensa, rechazando el pedido de nulidad planteado por Espinoza», precisó el informe aprobado este martes.

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Archivan acusaciones penales

La SAC recomendó archivar los extremos referidos a los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tras determinar que no existían elementos suficientes para sustentar una acusación penal, así como las denuncias sobre infracción a los artículos 158 y 159 de la Constitución.

El informe sí propuso acusar a Espinoza por infracción de los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución, al considerar que su conducta vulneró principios básicos del ejercicio público y afectó competencias propias del Parlamento al denunciar a legisladores por su labor.

La Subcomisión planteó imponer la sanción de inhabilitación aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, recomendando remitir el informe a la Comisión Permanente para continuar el procedimiento correspondiente contra la magistrada suspendida.

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