La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) reveló que la Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno) incumplió la Ley N° 32171 al exigir requisitos no contemplados en el proceso de nombramiento de 19 docentes contratados. El Informe N° 00175-2025-SUNEDU confirma que el Consejo Universitario añadió condiciones ilegales afectando derechos laborales.
El abogado Rolando Jiménez Sardón, representante de los docentes afectados, advirtió que la universidad enfrenta sanciones de 10 a 100 UIT (hasta S/ 535 mil) y posibles suspensiones o destituciones para el rector y responsables. Los docentes exigen compensaciones millonarias por daños económicos y morales tras un año sin percibir salarios.
El error clave fue exigir un contrato vigente al 22 de noviembre de 2024, requisito ausente en la ley. La Ley N° 32171 solo pedía cinco años de experiencia docente y un vínculo laboral hasta el semestre 2023-2. La UNA Puno ignoró incluso una advertencia previa de SUNEDU, agravando su responsabilidad.
Jiménez comparó el caso con la Universidad San Antonio Abad del Cusco (UNSAC), que eliminó el requisito ilegal tras una demanda similar. «La UNA Puno persistió en el error pese a saber que violaba la normativa», señaló, destacando la arbitrariedad en el proceso.
El Poder Judicial ya declaró fundadas algunas demandas de amparo, ordenando el nombramiento inmediato de los docentes. Los afectados preparan ahora acciones de indemnización por lucro cesante y daño moral, calculando pérdidas por sueldos no percibidos desde diciembre de 2024.
El proceso administrativo disciplinario contra la UNA Puno podría incluir suspensiones de 30 días a un año para autoridades. Jiménez subrayó que la SUNEDU ya recomendó abrir investigaciones, lo que podría derivar en destituciones si se confirma el direccionamiento del proceso.
Los docentes interpusieron un recurso de apelación que se firmará el 5 de noviembre en la Corte Superior de Justicia de Puno. «Buscamos justicia y reparación», afirmó el abogado, quien insistió en que la universidad actuó con dolo al mantener un requisito rechazado por SUNEDU.
La sanción económica dependerá del número de afectados y la gravedad de la falta, pero superaría los 55,000 soles (10 UIT). Jiménez advirtió que la resistencia de la UNA Puno a corregir el error agrava las consecuencias legales y financieras para la institución.
El caso expone un patrón de irregularidades en universidades públicas, donde algunas, como la UNSAC, rectificaron a tiempo. La UNA Puno, en cambio, desoyó las alertas, profundizando el perjuicio a los docentes y su reputación institucional.
El daño económico para los profesores asciende a miles de soles en salarios perdidos, además del impacto emocional por la incertidumbre laboral. «No solo es dinero, es dignidad», enfatizó Jiménez, quien prepara demandas por daños y perjuicios contra el Consejo Universitario.
