La fiscal anticorrupción Milagros Benavente, que busca una pena de 18 meses de prisión para los imputados docentes de la Universidad Nacional de Jorge Basadre, Daniel Cárdenas García (61) y Javier Feliciano Aguilar Ramírez (51) presentó 66 elementos de prueba en su argumentación.
Mayoritariamente, sustentó su caso en relación al primer presupuesto, apoyándose en testimonios, conversaciones de WhatsApp y evidencia obtenida durante allanamientos a las viviendas de los acusados.
Benavente sostiene que estos elementos respaldan la acusación de cohecho pasivo, describiendo la conducta como «continuada» a lo largo de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, e incluso mencionando un incidente en 2017 en el caso de Cárdenas.
La fiscal indicó que los estudiantes presentaron quejas en el pasado que, según afirmó, no fueron atendidas por la institución educativa, lo que podría llevar a posibles investigaciones por negligencia.
Por otro lado, Harold Cueva Vera, abogado de Aguilar Ramírez, argumentó que su defendido buscaba devolver parte del dinero recaudado por los estudiantes para la compra de llantas que supuestamente se le exigían a cambio de aprobarlos, debido a la investigación que su colega enfrentaba.
