El Tribunal Constitucional enfrenta cuestionamientos por haber validado ley que incorporó personal sanitario COVID-19 al régimen laboral ordinario, norma iniciada y aprobada por el Congreso pese a prohibición constitucional de iniciativa parlamentaria en gasto fiscal, sentencia que abrió compuerta para que legisladores inicien múltiples leyes presupuestales sin coordinación con Ministerio de Economía.
La Constitución prohíbe que congresistas inicien leyes con impacto en gasto público, facultad reservada exclusivamente al Poder Ejecutivo, sin embargo el TC declaró constitucional esta ley parlamentaria argumentando contexto excepcional de pandemia, validando que Congreso iniciara norma laboral con costo fiscal pese a carecer de atribución constitucional para hacerlo.
«Fue la única, pero después el Congreso ha utilizado la primera decisión como si fuera ya la decisión en todos los casos, fue una decisión de excepción en época de excepción», reconoció Luz Pacheco, admitiendo que legisladores iniciaron múltiples leyes fiscales usando precedente sanitario como justificación legal.
Congreso replicó modelo iniciando leyes de gasto fiscal
Tras sentencia del TC, el Congreso inició y aprobó leyes sobre actualización automática de bonos ONP y asignación para personal militar acuartelado, normas con impacto fiscal iniciadas por parlamentarios sin coordinación con MEF, replicando modelo validado en caso del personal sanitario COVID-19 pese a prohibición constitucional expresa.
La presidenta del TC explicó que colegiado declaró inconstitucionales estas leyes posteriores reafirmando que Congreso carece de facultad para iniciar normas con gasto público, diferenciándolas del caso sanitario que tenía año de vigencia y aprobación MEF para cada transferencia, evitando desempleo masivo de trabajadores que expusieron vidas.
El premier anunció demandas de inconstitucionalidad contra leyes con iniciativa parlamentaria de gasto, casos que retornarán al TC para definir si colegiado corregirá precedente que permitió al Congreso iniciar normas fiscales violando separación de poderes y prohibición constitucional según constitucionalistas consultados por medios nacionales.
