Más de mil tenientes gobernadores, tanto mujeres como hombres, de la región de Puno han decidido establecer un «Tribunal de Justicia Comunitaria» con el propósito de proteger las tierras y territorios de las comunidades, respaldados por el Convenio 169 de la OIT.
El vocero del Consejo de Autoridades Originarias, Mallkus, Jilaqatas y Mama Tallas de la región, Rubén Darío Apaza Añamuro, explicó que el tribunal estará compuesto por 13 miembros y un coordinador general. Todos ellos deberán organizarse para comenzar sus funciones.
Además de su función principal de salvaguardar la justicia comunitaria, el tribunal también abordará temas relacionados con la situación política, los procesos de producción, la seguridad alimentaria y otras problemáticas que afecten a las comunidades campesinas de la región.
Apaza destacó que la creación de este tribunal surge como respuesta a la discriminación y humillación que han sufrido sus comunidades en cuestiones políticas, sociales y económicas, tanto por parte de políticos de extrema derecha como del ejecutivo nacional.
