El abogado Walter Apaza Zela señaló que el gobierno de Dina Boluarte está ejerciendo presión sobre el decano del Colegio de Abogados de Lima tras una reunión con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para Apaza Zela, este hecho demuestra un actuar «desordenado» y una falta de atención a los problemas reales del país.
El abogado calificó como «alucinante» la postura del gobierno y señaló que parece centrarse únicamente en defender a la presidenta, dejando de lado la lucha contra la corrupción. Además, resaltó que el Colegio de Abogados tiene todo el derecho de reunirse con organismos internacionales, como lo aprobó la CIDH, al igual que ocurrió recientemente con la Asociación de Magistrados, que expuso las amenazas al poder judicial.
Apaza Zela también expresó que el gobierno parece buscar silenciar cualquier crítica o disidencia frente a las decisiones presidenciales. Considera que esta actitud es «demencial» y refleja un intento de reprimir voces independientes que defienden el estado de derecho.
El abogado destacó el rol del Colegio de Abogados como una institución independiente. Aplaudió que su decano asuma una postura activa en defensa del estado de derecho y subrayó que el gobierno no tiene autoridad para imponer sanciones a una entidad autónoma como esta.
La reunión entre el Colegio de Abogados y la CIDH fue autorizada por el consejo directivo de la institución tras un proceso de debate. Según Apaza Zela, los temas tratados en este encuentro son de interés nacional, ya que buscan fortalecer el sistema legal del país, algo que, según él, tanto el Congreso como el Ejecutivo han debilitado en los últimos tiempos.
El abogado resaltó que cualquier ciudadano tiene derecho a acudir a organismos internacionales si estos les ofrecen un espacio para expresar sus preocupaciones. Consideró que la reacción del gobierno carece de sustento legal y ético, mostrando una falta de equilibrio emocional en sus decisiones.
Apaza Zela concluyó que este tipo de situaciones evidencian carencias en la gestión del gobierno actual, tanto en valores como en lógica política. Afirmó que la defensa del estado de derecho debe ser una prioridad para todas las instituciones, y lamentó que esta controversia desvíe la atención de los problemas más urgentes del país.
