El Juzgado de Azángaro ordenó 18 meses de prisión preventiva para, Johnny Edgar Cuno Larico, acusado de feminicidio agravado en perjuicio de su sobrina de 13 años, identificada con las iniciales G.Z.C.S. El crimen, ocurrido el 29 de diciembre de 2025, reveló detalles escalofriantes sobre la violencia familiar, la ferocidad del agresor y su intento por ocultar el cuerpo de la víctima.
El fiscal, Edgar Coila Pilco presentó pruebas irrefutables durante la audiencia. Entre ellas, videos de cámaras de seguridad que muestran a la menor ingresando a su domicilio en el Jirón Ramón Castilla 628 y no volviendo a salir. Además, testimonios clave, como el de la abuela de la víctima, Ángela Benigna Larico Cuno, confirmaron que el acusado mintió sobre el paradero de la menor y actuó con absoluta indiferencia tras el crimen.
Cuno Larico confesó haber golpeado a su sobrina con un martillo durante una discusión por su desobediencia. Según su versión, la menor cayó al suelo y murió instantáneamente. Sin embargo, en lugar de alertar a las autoridades, escondió el cuerpo en una bolsa plástica, lo trasladó a otro inmueble en el Jirón Sandia 208 y, durante tres días, procedió a descuartizarla con un arco de sierra y un martillo.
Hallazgos macabros: restos humanos en desagües y baldes con petróleo
Las autoridades encontraron restos óseos y tejidos blandos en el sistema de desagüe de ambos inmuebles. En el cuarto alquilado por Cuno Larico, se hallaron dos baldes con petróleo que contenían huesos, cabello y prendas de vestir de la víctima. El informe pericial de antropología forense confirmó que los restos correspondían a una adolescente de entre 12 y 14 años, con marcas de cortes post mortem en los huesos.
El análisis de ADN vinculó la sangre hallada en las herramientas, el piso y las manos del acusado con la víctima. Además, testigos declararon haber escuchado gritos y forcejeos la tarde del crimen, mientras tres menores de edad presenciaron cómo la menor golpeaba la puerta intentando escapar.
El fiscal destacó que Cuno Larico ejercía un control extremo sobre su sobrina, exigiendo que cocinara, obedeciera y no saliera de casa. La menor, según testimonios, sufría maltratos constantes por parte de su tío, quien la acusaba de ser influida por su madre. Este patrón de violencia familiar y abuso de poder fue determinante para calificar el crimen como feminicidio agravado, con las circunstancias de menor de edad (inciso 1) y ferocidad (inciso 7).
Intento de ocultamiento: petróleo, mentiras y frialdad
Tras asesinar a la menor, Cuno Larico limpió la escena del crimen con petróleo para eliminar rastros de sangre. Durante seis días, mintió a su familia sobre el paradero de la víctima, incluso cuando su madre, la abuela de la menor, preguntó por ella. Recién el 6 de enero de 2026, tras ser detenido, confesó el crimen y reveló el lugar donde escondió los restos.
El caso conmocionó a la comunidad de Azángaro y al país. William Cuno Larico, padre de la víctima, describió el dolor de no poder velar el cuerpo completo de su hija y exigió justicia. La defensa de la familia agraviada, representada por el abogado Armando Larico, subrayó la gravedad del crimen y la necesidad de una sanción ejemplar.
Prisión preventiva: 18 meses para evitar fuga y obstaculización
El juez consideró que Cuno Larico representa un alto riesgo de fuga debido a la gravedad de la pena (cadena perpetua) y su falta de arraigo familiar o laboral. Además, su intento de ocultar pruebas demostró un peligro procesal concreto. La prisión preventiva busca garantizar que no entorpezca la investigación ni reitere conductas delictivas.
El fiscal solicitó 18 meses para completar las pruebas de ADN, realizar la reconstrucción del crimen y recabar declaraciones de testigos clave, incluyendo a los menores que presenciaron los forcejeos. También se analizará el perfil psicológico del acusado para entender su comportamiento misógino y violento.
