La decisión del gobernador regional Richard Hancco de confirmar la construcción del nuevo hospital regional Manuel Núñez Butrón en los terrenos de la sede administrativa actual de la Dirección Regional de Salud (Diresa), genera resistencia entre los trabajadores, quienes consideran que la medida responde a intereses particulares más que a necesidades técnicas.
Máximo Charaja, secretario del sindicato de trabajadores de la Diresa, manifestó su total oposición al traslado de las oficinas administrativas. El dirigente sindical sostiene que la elección del terreno carece de consenso con los empleados afectados, quienes no fueron consultados sobre una decisión que impactará directamente sus actividades laborales y el funcionamiento de la red de salud y el metropolitano.
La controversia se intensifica por supuestos acuerdos previos entre el gobernador actual y gestiones anteriores de la Diresa. Según Charaja, estas negociaciones habrían cedido silenciosamente los terrenos para la construcción del nuevo nosocomio sin considerar las consecuencias operativas para los trabajadores administrativos, quienes actualmente desarrollan sus funciones en el espacio designado para el futuro nosocomio.
Los trabajadores mantienen su preferencia por la construcción del hospital en Jayllihuaya, como se había planificado inicialmente. Charaja aseguró que el sindicato adoptará medidas de fuerza para evitar el desalojo de sus oficinas, rechazando categóricamente cualquier intento de reubicación laboral hacia otras instalaciones.
La construcción del hospital regional amenaza elementos patrimoniales de la institución de salud puneña. Las pinturas murales del auditorio de la Diresa, que datan de varias décadas atrás, forman parte de la memoria histórica de la entidad y podrían perderse definitivamente con la demolición de la infraestructura actual para dar paso al nuevo nosocomio.
Charaja enfatizó la necesidad urgente de construir más hospitales a nivel regional debido a la alta demanda de servicios médicos especializados. El dirigente sindical considera que la solución no debe limitarse a un solo centro hospitalario, sino expandir la red de atención médica para cubrir las necesidades de toda la región Puno.
La población puneña presenta opiniones divididas respecto a la ubicación del hospital regional. Mientras muchos ciudadanos apoyan mantener el nosocomio en el centro urbano por facilidades de acceso y transporte, los trabajadores administrativos defienden su permanencia en las instalaciones actuales, generando un conflicto de intereses entre diferentes sectores involucrados.
La tensión entre las autoridades regionales y trabajadores de salud evidencia la falta de diálogo y planificación participativa en proyectos de infraestructura sanitaria. El sindicato mantiene su posición de resistencia mientras el gobernador avanza con los planes de construcción en el terreno de la Diresa, sin una solución concertada que satisfaga a todas las partes involucradas.
