Trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Puno protestaron ayer contra el gobernador regional tras sus declaraciones sobre el uso de la fuerza pública para desalojarlos. El conflicto surgió por la falta de pruebas documentales que respalden el presupuesto para el hospital nivel 2-2, proyecto clave para la región. Rosa Mendizábal, empleada de la entidad, denunció que el funcionario amenazó con “sacar a patadas” al personal, lo que generó indignación entre los servidores públicos.
La movilización evidenció la desconfianza hacia la gestión regional, pues los manifestantes aseguran que no hay un plan concreto para el nuevo hospital. Los técnicos recién iniciaron estudios de suelo, pero no existe un proyecto formal, lo que pone en riesgo laboratorios especializados valorizados en más de ocho millones de soles. Los trabajadores exigen respuestas claras antes de cualquier demolición.
Incertidumbre y falta de alternativas
Mendizábal cuestionó la intención de demoler infraestructura crítica construida durante la pandemia, como sistemas de cadena de frío y almacenes especializados. Además, señalaron que las propuestas de traslado a la clínica universitaria o locales alquilados, con costos superiores a 40,000 soles mensuales, carecen de sustento financiero. “No hay transparencia en el origen de estos fondos”, advirtieron los manifestantes.
El personal de salud aclaró que su postura no es de oposición sistemática, sino una respuesta a la actitud del gobernador y la falta de información. El gerente general admitió en Huánuco la necesidad de conseguir presupuesto, lo que contradice las afirmaciones previas sobre recursos disponibles. Esta situación profundiza la desconfianza hacia la autoridad regional.
Los trabajadores acusaron al gobernador de engañar a la población con proyectos como el COAR y de confundir a los consejeros regionales.
“No nos representa y actúa sin consultar a quienes conocemos las necesidades reales”, afirmó Mendizábal. La concentración mostró la unidad del sector en demanda de garantías para la continuidad del servicio sanitario.
La protesta terminó con un llamado a presentar documentos que aclaren el destino de la infraestructura actual. Los servidores insisten en que la salud pública no puede depender de promesas sin respaldo, mientras la población puneña espera soluciones concretas. La tensión persiste y exige una respuesta oficial urgente.
