Los trabajadores administrativos del sector público han iniciado una paralización de 72 horas en todo el país, manifestando su rechazo al gobierno de Dina Boluarte y exigiendo el cumplimiento de acuerdos laborales pendientes.
La medida de protesta tiene como objetivo principal demandar el respeto al pacto colectivo descentralizado, que contempla diversos beneficios laborales que hasta el momento no han sido implementados por las autoridades gubernamentales.
Los sindicatos estatales han logrado un primer avance significativo en sus demandas, tras la aprobación en la Comisión de Presupuesto del Congreso de un dictamen que busca derogar el artículo 28 de la Ley 32103.
Esta modificación legislativa representa una victoria parcial para el movimiento sindical, ya que busca garantizar el derecho fundamental a la negociación colectiva, una herramienta esencial para la defensa de los derechos laborales en el sector público.
La paralización afecta a diversas instituciones estatales, evidenciando el descontento generalizado de los trabajadores administrativos frente a lo que consideran un incumplimiento sistemático de sus derechos laborales por parte del gobierno actual.
Los dirigentes sindicales mantienen su posición firme y anuncian que continuarán con las medidas de protesta hasta que el gobierno atienda sus demandas y se concrete la implementación efectiva del pacto colectivo descentralizado.
