Trabajadores municipales exigen bono laboral negado por gestión actual en Juliaca

Los trabajadores alegan que cumplen dos años consecutivos para recibir el beneficio; la municipalidad exige tres años y mantiene sin solución el reclamo

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 19/08/2026

Un grupo de 55 trabajadores municipales de Juliaca exige el pago del bono por el 1 de mayo. La gestión actual solo reconoce el beneficio a 150 empleados, mientras que el resto quedó excluido sin una solución inmediata.

El trabajador Miguel Ángel Mamani explicó que la bonificación corresponde al Día del Trabajo. Este beneficio se otorgó de manera consecutiva durante años anteriores, pero ahora enfrenta un bloqueo administrativo.

La controversia surge porque la gestión municipal argumenta que los 55 trabajadores no cumplen con los años requeridos. Las autoridades locales exigen tres años de antigüedad como mínimo para aplicar la costumbre laboral.

Los afectados se amparan en la Casación Laboral 727 del año 2011, que establece dos años consecutivos como requisito. Mamani afirma que los trabajadores excluidos sí cumplen con ese período.

El representante sindical detalló que el bono nació de una negociación colectiva en 2011. Posteriormente, se repitió en 2012, 2013 y 2014, lo que consolidó el beneficio como costumbre laboral.

La Casación Laboral 727 establece que si un trabajador recibe bonificaciones durante dos años consecutivos, el pago se convierte en un derecho adquirido que no puede eliminarse.

Mamani aseguró que los trabajadores han sostenido reuniones con las autoridades municipales. Sin embargo, no han recibido una respuesta favorable ni una solución concreta al conflicto.

Los empleados afectados pertenecen a las áreas de limpieza pública y serenazgo. Todos perciben el sueldo mínimo y dependen del bono para complementar la canasta básica familiar.

“Pedimos que la autoridad tenga más humanidad, sienta al trabajador”, declaró Mamani. El bono permite a las familias adquirir alimentos, vestimenta y cubrir gastos educativos.

Los trabajadores consideran que la negativa responde a un temor presupuestal de la autoridad. Sin embargo, insisten en que el derecho laboral ya está consolidado por la costumbre y la norma vigente.