El dirigente gremial Miguel Ángel Mamani Mamani denunció en Juliaca que la Municipalidad Provincial de San Román incumple el pago del seguro vida que exige la ley. La queja surgió tras el fallecimiento de una trabajadora de limpieza pública. El representante además exige el abono de 32 remuneraciones.
El dirigente explicó que la ley exige al empleador contratar este seguro obligatorio. El Decreto Legislativo 688 establece el pago de 32 remuneraciones si un trabajador fallece en funciones. Sin embargo, la comuna nunca habría realizado ese trámite ni tendría contrato con una aseguradora.
Mamani señaló que la gerencia municipal calificó el seguro como voluntario. La autoridad exigiría un aporte económico del trabajador para acceder al beneficio. La ley no dice eso, enfatizó. La norma obliga al empleador a asumir el costo total del seguro.
El sindicato también reclama el pago puntual de las remuneraciones. Los salarios llegarían con retrasos de cinco o seis días. Además, la bonificación por el primero de mayo estaría en trámite. La trabajadora fallecida habría dejado a dos menores en orfandad.
El dirigente afirmó que la empleadora intimida a quienes luchan por los derechos laborales. A Mamani lo cambiaron de área sin justificación tras sus reclamos. El representante aseguró que esta presión no detendrá su labor sindical. Unos 300 trabajadores estarían afectados por estas condiciones.
El gremio coordina acciones legales contra la municipalidad. Los abogados evaluarían las denuncias correspondientes por el incumplimiento. Mamani prometió comunicar los avances del proceso. Esto aquí no va a quedar, declaró el dirigente.
El sindicato demanda que se cumpla el pago de 32 remuneraciones a los familiares. Los deudos necesitarían ese dinero para solventar los gastos. La trabajadora falleció en cumplimiento de sus funciones. El caso evidenciaría la precariedad laboral en la comuna.
Mamani reiteró que la intimidación se convierte en motivación para continuar. La autoridad hoy nos mete obstáculos, señaló. El gremio busca garantizar beneficios laborales para todos los obreros. La muerte de la trabajadora habría destapado una grave omisión institucional.
