Diez vidas perdidas en el sector de Wayllabamba evidencian las consecuencias fatales de la negligencia administrativa que mantiene paralizada la pavimentación de la carretera Juliaca-Sandia-San Antonio de Putina. El consejero provincial Concepción Aguirre responsabiliza directamente a las autoridades centrales por el retraso en la aprobación del expediente técnico valorizado en 1,300 millones de soles.
La provincia de Sandia permanece conectada únicamente por una trocha carrozable, mientras Provías Nacional mantiene en evaluación desde inicios de año el expediente que debía ejecutarse inmediatamente. Aguirre denuncia que esta demora administrativa provocó el accidente del último lunes, donde además 38 personas resultaron heridas en condiciones prevenibles.
Por otro lado, la empresa Mota-Engil incumple sistemáticamente el mantenimiento de la vía actual, según reveló el consejero provincial. Los derrumbes constantes durante temporadas de lluvia quedan sin atención oportuna, provocando que la provincia quede frecuentemente incomunicada con el resto de la región puneña.
Provías Nacional administra el proyecto vial con presupuesto millonario, pero la evaluación se extiende indefinidamente sin cronograma claro para su aprobación final. Aguirre expresó su preocupación por la posible extensión de dos años adicionales que podría generar el desfase total del expediente técnico.
Las autoridades centrales priorizan otros proyectos mientras Sandia permanece abandonada en infraestructura vial crítica, según denunció Aguirre ante la opinión pública regional. La falta de voluntad política mantiene a miles de ciudadanos expuestos a riesgos mortales en cada viaje hacia la capital provincial.
El consejero teme que la demora administrativa genere obsolescencia técnica del expediente, lo cual obligaría a reiniciar todo el proceso de elaboración y aprobación. Esta posibilidad representa años adicionales de espera para una provincia que requiere conectividad urgente con los centros económicos regionales.
Wayllabamba se convirtió en símbolo de la negligencia que cuesta vidas humanas, mientras las familias dolientes exigen justicia y obras concretas. El accidente de este lunes pudo evitarse con infraestructura adecuada, mantenimiento oportuno y voluntad política de las autoridades competentes.
