El Consejo Regional de Puno rechazó realizar una sesión descentralizada en San Román para enfrentar la creciente delincuencia en Juliaca. La votación del 13 de noviembre dejó al descubierto la desconexión entre las autoridades y las demandas ciudadanas. De 19 consejeros, solo 18 asistieron: 14 votaron en contra, tres a favor, el presidente Elvis Aliaga no intervino por imparcialidad y el consejero Rolando Rivera Zeballos no asistió por enfermedad.
La iniciativa buscaba convocar al Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) para diseñar estrategias urgentes ante el aumento de robos y violencia. Sin embargo, la mayoría optó por archivar la propuesta sin presentar alternativas.
Lo más polémico fue el voto de los consejeros Percy Quispe Miranda y María Elena Mamani Apaza, representantes de San Román, quienes se opusieron a la sesión en su propia provincia. Su postura contrastó con la realidad de Juliaca, donde la delincuencia ha escalado en los últimos años. El documento original advertía que «el Consejo no puede estar a espaldas del sufrimiento del pueblo», pero la votación demostró lo contrario.
Los 14 consejeros que rechazaron la moción —entre ellos Alfredo Ucharico, Giorni Bautista, Reynaldo Choquehuanca, Reynaldo Choquehuanca, Percy Mamani, Héctor Aguilar, Víctor Tacuri, Wido Condori, Walker Mamani, Leyder Puma, Wilbert Aquise, Esteban Mamani y Jaime Perlas — no explicaron cómo abordarán la crisis.
Solo Concepción Aguirre, Basilio Mendoza y Abad Vizcarra apoyaron la iniciativa, que buscaba priorizar la seguridad en una provincia azotada por la violencia. La negativa se interpretó como un desaire a las demandas de la población.
La alta abstención y el rechazo masivo reflejan la desconexión entre las autoridades y las necesidades urgentes de Juliaca. La ciudad registra un incremento sostenido de delitos, pero el Consejo Regional optó por postergar soluciones. La sesión descentralizada era vista como una oportunidad para fortalecer el Coresec y diseñar políticas públicas con participación ciudadana.
El resultado deja a San Román sin un plan inmediato para combatir la delincuencia. La decisión agrava la percepción de abandono institucional y refuerza la desconfianza en un Consejo Regional que, según críticos, priorizó intereses políticos sobre la seguridad de miles de familias. La población juliaqueña sigue esperando respuestas concretas ante una crisis que no da tregua.
