Un alarmante vacío institucional reflejó la crisis de compromiso frente a la inseguridad ciudadana cuando la sesión programada del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) debió suspenderse por falta de quórum en el auditorio del Gobierno Regional de Puno. De las 19 instituciones convocadas, apenas seis representantes acudieron a la importante cita regional.
La inasistencia injustificada de la mayoría de titulares obligó a reprogramar la reunión para el próximo 3 de junio, postergando así el análisis de temas críticos como el levantamiento de información de la fiscalía y la modificación del plan de acción para La Rinconada, zona conflictiva que requiere atención prioritaria. También quedó pendiente el abordaje de la problemática de inseguridad en la provincia de San Román.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Benny Álvarez, no ocultó su malestar ante la situación y calificó la ausencia masiva como una clara muestra de irresponsabilidad frente a temas prioritarios para la región, postura que evidencia la frustración institucional ante la falta de compromiso de los demás integrantes del comité encargado de coordinar políticas de seguridad.
El director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Jhon Cama Lipa, informó que se implementarán medidas correctivas y que el secretario técnico del CORESEC deberá contactar personalmente a los representantes de las instituciones integrantes para garantizar su presencia efectiva en la próxima convocatoria, evitando así otra cancelación por falta de quórum.
Las autoridades regionales enviarán una comunicación formal a las 19 instituciones integrantes del CORESEC para notificarles oficialmente sobre la inasistencia de sus titulares a esta importante sesión de coordinación de seguridad, documento que podría generar responsabilidades administrativas por el incumplimiento de funciones establecidas legalmente.
La suspensión de la reunión evidencia los problemas de articulación interinstitucional que enfrenta la región Puno para combatir la inseguridad ciudadana, precisamente cuando los índices delictivos requieren respuestas coordinadas y efectivas de todas las instancias involucradas en la prevención y sanción del delito en el territorio altiplánico.
La nueva fecha establecida para el 3 de junio representa una segunda oportunidad para que las autoridades demuestren su compromiso real con la seguridad regional, considerando que los temas pendientes afectan directamente a la población vulnerable de zonas críticas como La Rinconada y la provincia de San Román, donde la delincuencia mantiene en zozobra a los ciudadanos.
