Un enfrentamiento armado entre grupos dedicados a la minería ilegal dejó tres personas muertas en la bocamina Papagayo, ubicada en el anexo de Vijú, distrito de Pataz, provincia de La Libertad, durante la madrugada del 31 de diciembre de 2025, mientras la zona permanece bajo estado de emergencia desde febrero de 2024 sin lograr el control territorial prometido.
La compañía Minera Poderosa informó que su personal de seguridad acudió al lugar tras escuchar impactos de bala; al llegar encontraron a los fallecidos, quienes habrían ingresado ilegalmente con intención de sustraer mineral, en un sector donde operan grupos criminales que se disputan el control del área de explotación aurífera ilegal.
El exministro del Interior, Cluber Aliaga, declaró que «la acción preventiva, la presencia militar o policial, el control territorial es efectivo en parte, no en todo, porque la delincuencia organizada planifica sus acciones», señalando que falta trabajo de inteligencia y reclutamiento de informantes locales para desarticular las estructuras criminales arraigadas en la zona.
Historial de violencia demuestra fracaso de estrategia
Este incidente se suma a una larga lista de hechos violentos en Pataz, donde en mayo de 2024 fueron hallados 13 trabajadores mineros asesinados con signos de tortura en una mina de la localidad, evidenciando que el estado de emergencia decretado tres meses antes no había logrado frenar la escalada criminal vinculada a economías ilícitas.
El impacto económico de la minería ilegal en el corredor del Marañón representa un movimiento estimado de millones de dólares anuales que benefician a organizaciones criminales, mientras existen aproximadamente dos mil plantas de procesamiento ilegales operando en todo el Perú frente a solo 220 formales registradas en el Ministerio de Energía y Minas, según datos de 2024.
Las comunidades locales enfrentan un dilema complejo, ya que encuestas recientes revelaron que pobladores reconocen la presencia de minería ilegal cerca de sus hogares pero también admiten que esta actividad genera movimiento económico para sus familias, creando dependencia económica que dificulta la colaboración con autoridades sin incentivos sustantivos del Estado.
Gobiernos regionales y ejecutivo se culpan mutuamente
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales emitió un pronunciamiento condenando los asesinatos como consecuencia de «la ausencia de una estrategia eficaz del ejecutivo», demandando al presidente José Gerí una intervención integral en Pataz que incluya control territorial, trabajo policial investigativo, participación de fuerzas armadas y mejora del sistema de justicia.
El premier Ernesto Álvarez respondió que «el problema de la minería ilegal se arrastra desde hace varios años, ya que durante décadas los gobiernos regionales han usufructado su autonomía para manejar recursos del pueblo sin lograr eficiencia», afirmando además que no es obligación del Estado el control de la pequeña minería artesanal ni mucho menos de la ilegal.
Iván Arenas, analista en temas sociales y políticos, advirtió que «hay que entender que todo ese es un corredor de minería ilegal por donde pasa básicamente el Marañón, pero además es un corredor que se conecta con otro corredor del narcotráfico que viene desde Tocache», explicando que la estrategia actual es solo de contención sin atacar toda la cadena productiva ilegal.
Expertos exigen estrategia territorial integral
El exministro Aliaga planteó que «tienes que reclutar dentro de la propia población a colaboradores informantes, son los que mejor información te pueden dar», sugiriendo que el Estado debe ofrecer beneficios económicos sustantivos a jóvenes y personas de la zona para que colaboren en la desarticulación de organizaciones criminales, permitiéndoles desarrollar sus vidas fuera de economías ilícitas.
Arenas cuestionó la falta de personal especializado, señalando que «no existe policía ni cuerpo militar que esté especializado en la entrada a socabones o bocaminas», mientras el desplazamiento desde Pataz hasta Trujillo toma entre seis y nueve horas dependiendo de condiciones climáticas, complicando operativos de respuesta rápida en zona geográficamente accidentada.
El presidente de la ANGR, Coquin Noriega, pidió la salida del premier tras sus declaraciones sobre responsabilidad estatal, argumentando que el ejecutivo carece de estrategia para garantizar protección de la población frente a violencia criminal y economías ilícitas que operan libremente en todo el corredor del norte peruano vinculando minería ilegal con narcotráfico.
Corredor criminal requiere respuesta multisectorial
El analista Arenas detalló que el corredor ilegal abarca «Santiago de Chuco, Quiruvilca, Huamachuco» conectándose con rutas desde Tocache, creando una red donde confluyen minería ilegal y narcotráfico a través de la sierra liberteña hasta Cajamarca, requiriendo acción coordinada en todo el territorio en lugar de operativos focalizados solo en Pataz que desplazan el problema a zonas vecinas.
Los obstáculos para una solución efectiva incluyen la ausencia de un director de formalización minera nombrado en el Ministerio de Energía y Minas, quedando el cargo en manos interinas; además, 31 mil solicitudes de formalización permanecen en proceso sin estrategia clara para cerrarlas antes de noviembre de 2026, cuando podría extenderse nuevamente el registro de formalización minera integral.
El panorama exige coordinación entre Ministerio de Energía y Minas, IGEM, PCM y SUNAT para terminar procesos de formalización; fiscalización rigurosa de gobiernos regionales sobre plantas de procesamiento; despliegue de inteligencia policial con informantes locales en todo el corredor; trazabilidad del financiamiento criminal; y beneficios económicos reales para pobladores que rompan dependencia de economías ilícitas, sin lo cual Pataz seguirá siendo escenario de violencia criminal sin control efectivo del Estado peruano.
